Ollanta Humala exige su liberación tras archivo del caso Cócteles: “Sigo en prisión y mi familia tuvo que irse sin cometer delito”

El expresidente Ollanta Humala reclamó su inmediata liberación tras el archivamiento definitivo del caso ‘Cócteles’, una investigación por presunto lavado de activos que involucraba a Keiko Fujimori, integrantes de Fuerza Popular y otros políticos. La decisión del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional de declarar que los aportes a campañas electorales no constituyen delito ha provocado un efecto dominó en los procesos similares, colocando el caso de Humala en el centro del debate sobre la igualdad ante la ley.

Desde el penal, el exmandatario difundió un mensaje en el que cuestionó la legalidad de su detención, luego de que el mismo sistema judicial absolviera hechos iguales en el caso de Keiko Fujimori. “El 15 de enero del 2026 cumpliré nueve meses en prisión por un hecho que hoy el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado que no es delito. Entonces, ¿por qué sigo en prisión, por qué mi familia tuvo que irse si no cometimos delito?”, cuestionó Humala.

Mencionó que él y su entorno afrontaron un proceso que se ha prolongado por más de una década, con numerosas restricciones y medidas cautelares impuestas, pese a que, según su defensa, no existieron pruebas ni testigos que acreditaran los cargos.

“Llevamos diez años en un proceso por presunto lavado de activos, a través del cual se nos ha impuesto todas las reglas de conducta posibles y una sentencia prevaricadora. Sin pruebas, sin testigos”, denunció y exigió su excarcelación. “Exijo mi libertad, la igualdad ante la ley y el cese del acoso judicial en mi contra y contra mi familia por ser nacionalistas”, enfatizó.

“Ollanta Humala es un detenido arbitrario”

En la víspera, el abogado César Nakazaki se pronunció en la misma línea. Explicó que la decisión del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema establece un precedente obligatorio: los aportes a campañas electorales en los años 2006 y 2011 no pueden ser considerados delito bajo la normativa vigente de aquel entonces.

En ese sentido, sostuvo en diálogo con Canal N que “hoy día es imperativo que Ollanta Humala y el caso del Partido Nacionalista acabe, porque están presas personas por los mismos hechos por los que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ha dicho que no es delito. Entonces, Ollanta Humala hoy se convierte en un detenido arbitrario”.

Para el penalista, mantener medidas restrictivas y penas contra el expresidente y otros dirigentes nacionales constituye una violación al principio de igualdad ante la ley. “El fallo impide que se sigan tramitando procesos o manteniendo prisiones por hechos análogos”, aclaró Nakazaki. Añadió que si los aportes de campaña en 2011 no eran delito, menos lo eran en 2006, y que este criterio es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, subrayó la necesidad de distinguir entre las donaciones electorales y los casos de soborno o cohecho. Mientras que el soborno debe ser perseguido y sancionado, el financiamiento de campañas políticas, bajo la legislación vigente en 2006 y 2011, no puede considerarse lavado de activos. “Los sobornos deben perseguirse con toda la fuerza, porque nadie discute que eso es delito. Pero las donaciones electorales, al final, después de varios años, se nos da la razón a todos los que dijimos que no eran delito”, explicó.

El abogado enfatizó que una interpretación errónea de la ley ha provocado consecuencias graves, no solo para los implicados directos, sino también para el sistema político peruano. “Lo que no vamos a poder recomponer es que hubo una persecución fiscal por algo que no era delito, que significó la destrucción del sistema de los partidos políticos”, advirtió.