El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la designación de Wilfredo Pedro Portilla Barrera como director general de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM).
La decisión, publicada en la RM N° 012-2026-MINEM/DM el 13 de enero de 2026, coloca a un minero informal, que figura en los registros de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al frente del órgano encargado de trazar los lineamientos y políticas de formalización para el sector.
REINFO: La designación de Portilla Barrera marca nueva fase en formalización minera
Según la resolución, Portilla Barrera cumple con los requisitos legales y no registra conflictos de interés, de acuerdo a informes internos del propio ministerio. Pero la medida ocurre en un contexto de alta sensibilidad institucional.
De acuerdo con información del propio MINEM, Portilla Barrera aparece con dos inscripciones concluidas en el Anexo I de la Resolución Directoral N° 0004-2025-MINEM/DGFM, publicada en julio de 2025, que declaró finalizado el proceso de formalización para más de 50 mil inscripciones suspendidas por más de un año.
En ese listado, el nombre de Portilla Barrera figura en los casilleros 35368 y 35369, ambos vinculados a derechos mineros en la provincia de Canta, Lima, bajo la denominación de “minero informal” en el registro oficial. Según el documento, quienes aparecen en ese anexo pierden la posibilidad de reactivar su proceso de formalización bajo el esquema anterior y quedan excluidos del REINFO.
MINEM: La prórroga del REINFO expulsa a mineros, pero incluye a excluido en dirección
La designación oficializada por el MINEM, en reemplazo de Máximo Gallo, se realizó bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y que el cargo de director general es considerado de confianza, por lo que la permanencia depende de la autoridad que lo nombra.
Sin embargo, el hecho de que Portilla Barrera haya sido excluido del proceso de formalización minera, y que ahora deba liderar la política nacional sobre el tema, anre la puerta para más cuestionamientos desde diversos sectores que ven con preocupación el avance de la minería ilegal en el Perú, sobre todo de oro.
El relevo llega luego de que Mario López Tejerina, asesor del ministro Luis Bravo, fuera responsabilizado de desplazar a Gallo y asumir el control de las decisiones sobre la extensión del REINFO. Según diversos medios de comunicación, el funcionario impuso medidas que alteraron la política minera sin intervención directa del ministro, priorizando otros intereses sobre las propuestas técnicas.
Bajo su influencia, el REINFO se extendió solo por un año, en lugar de dos, y se promovió la contratación de empresas privadas para la formalización, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión del sector.
¿La ampliación del REINFO no contempla mayores controles ante ilegalidad?
El REINFO, vigente desde 2012, fue creado como un mecanismo temporal para permitir que operadores de pequeña minería y minería artesanal transiten hacia la formalidad. No obstante, el sistema ha sido objeto de críticas constantes por permitir que mineros informales e ilegales continúen operando sin cumplir estándares ambientales o tributarios.
En diciembre de 2025, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en una sesión sin debate de fondo, la ampliación del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la promulgación de una futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
La prórroga se otorgó sin reincorporar a los más de 50.000 mineros excluidos por incumplimientos, entre los que figura Portilla Barrera. La ampliación no contempló mecanismos de fiscalización más rigurosos ni una evaluación pública de los resultados alcanzados por el registro.
La exclusión de miles de mineros del REINFO por incumplimiento ha sido uno de los puntos más controvertidos de la política sectorial. La decisión de mantenerlos fuera, aun con la ampliación, responde a la presión de autoridades y organizaciones que demandan frenar la informalidad y reforzar la lucha contra la minería ilegal.
La presión social crece tras retrasos con Ley MAPE
La Dirección General de Formalización Minera es, precisamente, la entidad responsable de proponer y evaluar la política nacional en materia de formalización minera, así como de elaborar la normativa y coordinar con los gobiernos regionales la ejecución de actividades.
El nuevo director, Portilla Barrera, tendrá a su cargo la elaboración de lineamientos y la supervisión de los próximos pasos en el proceso de formalización, en un contexto en que se prevé la presentación de un proyecto de Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) antes del fin del gobierno de José Jerí.
Según lo declarado por el ministro Luis Bravo, el proyecto debería establecer un marco definitivo que priorice la trazabilidad y el uso de tecnología para diferenciar a los mineros en proceso de formalización de los ilegales.
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