Una inminente paralización masiva de más de 22 mil vehículos de transporte público en Lima Metropolitana y Callao evidenciará aún más la gravedad de la crisis que enfrenta el sector, golpeado por una escalada de asesinatos, atentados y el cobro sistemático de extorsiones que permite a las criminalidad organizada amasar millones de soles anualmente, pese a los esfuerzos de las autoridades policiales.
La medida de fuerza, convocada para mañana, miércoles 14 de enero, busca presionar al Estado ante la falta de resultados frente a la inseguridad ciudadana y las amenazas que sufren los conductores a diario, quienes incluso salen a trabajar con chalecos antibalas. “No sabemos si regresaremos a casa”, es el sentir que tiene la mayoría.
Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y noviembre de 2025 se reportaron 91 fallecidos por atentados en el transporte público, de los cuales 69 eran conductores. A esto se suman 74 heridos, la mayoría hombres en ambos casos.
Estas cifras, según expertos en seguridad pública, reflejan el crecimiento de un fenómeno delictivo que no solo afecta a empresarios y comerciantes, sino también a familias y usuarios comunes.
El análisis del organismo revela que el 86,7% de las víctimas mortales y lesionadas son varones y que la mayor parte de los ataques se produce en rutas urbanas, con armas de fuego y en horarios comprendidos entre las cinco de la tarde y las once y media de la noche.
De los fallecidos, 75 eran peruanos y 10 venezolanos; el resto no pudo ser identificado. Entre las víctimas, destaca la muerte de un niño de menos de seis años y una concentración de muertes en el grupo de 40 a 49 años.
El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que en solo nueve días del 2026 se registraron ocho atentados, mientras que, en el periodo de enero a diciembre del año anterior, 69 conductores fueron asesinados.
El uso de aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp, se ha convertido en el principal canal para las amenazas y cobro de cupos. Aunque algunos siguen optando por modalidades del pasado, como enviar cartas amenazantes con su puño y letra.
El costo millonario de la extorsión
Los cálculos ilustran el impacto económico de la criminalidad. Según Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, actualmente el 80% de las empresas del transporte urbano en Lima y Callao pagan cupos. De ese altísimo porcentaje, muchas lo hacen a más de tres bandas criminales a la vez, con un promedio de diez soles por bus cada día, cifra que se incrementa en ocasiones hasta llegar a los treinta soles diarios por unidad.
Si una empresa tiene una flota de ochenta buses, como es común en la capital, pagando 30 soles diarios a tres bandas extorsivas diferentes podría llegar a desembolsar hasta 7.200 soles por día. Mientras que al año estaríamos hablando de más de 2.5 millones de soles. Un jugoso ingreso que la criminalidad no está dispuesta a soltar.
Dichos pagos, impuestos mediante amenazas directas y ataques a balazos a unidades o conductores, ya obligó al cierre de al menos diez empresas de transporte el año pasado.
“Hemos escuchado de diez empresas que ya no pueden continuar, en los conos”, aseguró Ojeda . El dirigente también señaló que las autoridades conocen los horarios y zonas más peligrosas, pero la coordinación policial sigue mostrando deficiencias, especialmente en la protección de los llamados corredores seguros.
Reacciones y demandas
La decisión de unificar la fecha del paro para este 14 de enero surgió tras una serie de reuniones entre gremios y autoridades, incluido el presidente interino José Jerí y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
Según Ojeda, la palabra empeñada con los usuarios y los propios conductores, quienes viven en constante desesperación, motivó a seguir adelante con la medida pese a los llamados oficiales para evitar la paralización.
La falta de un plan de prevención efectivo es uno de los principales reclamos. “La prevención es absolutamente negativa y está originando atentados”, declaró el vocero de Transportes Unidos.
A pesar de los anuncios del gobierno sobre la disminución de extorsiones en un 25,8% durante el estado de emergencia, líderes gremiales y expertos coinciden en que la situación sigue siendo alarmante y que existe un subregistro grave debido al temor de las víctimas a presentar denuncias.
Por su parte, el ministro Tiburcio afirmó que el Gobierno y la Policía Nacional están comprometidos con la seguridad de los transportistas y garantizó que se reforzarán la prevención, la investigación y el acompañamiento policial para permitir el funcionamiento seguro de las empresas afectadas. Aunque el anuncio de parte del Ejecutivo no ha sido suficiente para hacer cambiar de opinión al gremio.
El trasfondo de la crisis
El problema de la extorsión, lejos de tratarse solo de hechos aislados, se enmarca en una crisis más profunda. Según la criminóloga Erika Solis, el avance de la criminalidad organizada está ligado a la informalidad y la fragmentación del sector. “Esto no se arregla en un mes; hay que construir bases sólidas con una reforma del transporte”, afirma.
Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, agrega que la inseguridad representa una barrera para el desarrollo económico y que el país pierde alrededor de 19 mil millones de soles al año por esta causa. Subraya, además, la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables y de articular la seguridad con el crecimiento económico y social.
En los últimos cinco años, los casos de extorsión en Perú aumentaron un 478%, según datos del Ministerio Público constatados por Infobae.
Desafíos para el Estado
El Estado peruano ha respondido con medidas como la declaración de estados de emergencia y la construcción de nuevos penales, pero los expertos coinciden que estas acciones resultan insuficientes si no se resuelven los problemas estructurales.
“La lucha contra el crimen es una cadena; reforzar un eslabón sin aliviar la sobrecarga de los demás solo desplaza el problema”, advierte Zevallos.
En tanto, la criminóloga Solis insiste en la importancia de la prevención y de una reforma integral de las instituciones encargadas de la persecución penal. “Prevenir no es llenar de patrulleros la calle: eso es control. Prevenir es cerrar los huecos por donde el delito se cuela”, sostiene.
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