La congresista Ruth Luque interpuso este viernes una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, solicitando su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública. La medida responde a la reciente decisión de Gálvez de desactivar los cuatro equipos especiales del Ministerio Público, una acción que la legisladora califica como una “infracción constitucional” que atenta contra la tutela judicial efectiva y la lucha contra la corrupción.
A través de sus redes sociales, Luque sostuvo que la eliminación de estos grupos de élite es un movimiento que favorece directamente a personajes investigados por delitos graves. “La desactivación de los cuatro equipos especiales es sinónimo de impunidad. No más Cuellos Blancos en el poder”, sentenció la parlamentaria al adjuntar el documento presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El pedido a la Subcomisión
En el documento de 17 páginas, Luque argumenta que Gálvez habría infringido cinco artículos de la Constitución Política, que abordan el abuso del derecho, deberes del estado, servicio a la Nación, y las atribuciones del Ministerio. Según la denuncia, el Gálvez hizo un uso desnaturalizado de sus facultades organizativas al desarticular estructuras creadas específicamente para casos de alta complejidad.
La legisladora enfatiza que el ejercicio de la potestad del Fiscal de la Nación no es absoluto ni discrecional, sino que está limitado por los fines institucionales del Ministerio Público. En ese sentido, sostiene que la medida genera un impacto negativo inmediato en la persecución penal y debilita objetivamente la capacidad del Estado para sancionar delitos de alto impacto social.
El conflicto de intereses en “Cuellos Blancos”
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el señalamiento de un evidente conflicto de intereses. Luque recuerda que el propio Tomás Gálvez fue investigado y destituido en 2021 por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debido a presuntos vínculos con la red de corrupción judicial conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Para la congresista, resulta “especialmente grave” que la autoridad encargada de dirigir el Ministerio Público decida cerrar precisamente el equipo que investigaba dicha red criminal. Esta acción, sostiene, compromete el deber de objetividad e imparcialidad que debe regir su cargo y debilita la confianza ciudadana en la autonomía de la fiscalía.
Eficavip: El caso de las víctimas en protestas
La denuncia también resalta el impacto de la desactivación del Equipo Especial Eficavip, encargado de investigar las muertes y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Luque advierte que el cierre de este equipo implica la pérdida de especialización y experiencia acumulada en casos que involucran a altos funcionarios del actual Gobierno.
Al redistribuir estas carpetas de forma aleatoria a fiscalías ordinarias, se pone en riesgo la celeridad y la coherencia de las investigaciones sobre los 59 civiles fallecidos reportados por la Defensoría del Pueblo. Según la legisladora, este movimiento deja a los agraviados en un estado de vulnerabilidad y dilata el acceso a la verdad y la justicia.
El riesgo de que las investigaciones caigan
El pasado 6 de enero, Gálvez oficializó la disolución de los grupos Lava Jato, Eficcop, Cuellos Blancos y Eficavip. Bajo el argumento de “unificar la estrategia”, dispuso que casos emblemáticos como las investigaciones contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y la empresa Odebrecht pasen a subsistemas permanentes.
Sin embargo, Luque advierte en su denuncia que este cambio rompe la continuidad estratégica de procesos que ya se encuentran en etapas avanzadas o en juicio oral. En el caso del Equipo Especial Lava Jato, la medida apartó directamente a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de la conducción de expedientes clave como el de la Carretera Interoceánica y el Caso Cócteles. La legisladora concluye que, lejos de fortalecer la justicia, la administración de Gálvez ha contribuido a desarticular las capacidades del Estado frente a la criminalidad organizada.
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