Desactivación del equipo especial Lava Jato es el pago de Tomás Gálvez al Congreso tras librarlo de investigación, aseguró exfiscal Martín Salas

El exfiscal Martín Salas denunció que la reciente desactivación de equipos especiales del Ministerio Público responde a un intercambio de favores entre el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y el Congreso de la República. En diálogo con RPP, el también candidato al Senado recordó que el Parlamento archivó denuncias que involucraban al hoy titular de la Fiscalía.

“Esto responde a una devolución de favores del fiscal interino Tomás Gálvez hacia el poder político cuestionado por gran corrupción en el Perú. El Congreso de la República le archiva uno de los casos que tenía Tomás Gálvez, proveniente del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, […] y hay que devolver el ‘favorcito’”, afirmó.

En esa línea, explicó que la disolución de equipos como Lava Jato y Cuellos Blancos obedece a la necesidad de debilitar investigaciones emblemáticas que afectan intereses de sectores políticos de alto perfil. “Este equipo tiene investigaciones emblemáticas contra este gran poder político cuestionado por corrupción y por lavado de activos. No le queda otra que debilitar estas investigaciones”, señaló y aseguró que la eliminación de estos equipos no es una coincidencia, sino un mecanismo para asegurar impunidad y blindar a quienes están bajo investigación.

Sobre los argumentos de Gálvez, Salas desmintió la presunta falta de resultados. Mencionó que el equipo Lava Jato tiene sesenta y dos sentencias por colaboración eficaz, seis sentencias por terminaciones anticipadas, y siete sentencias en procesos judiciales comunes. “Hay treinta y dos casos que ya tienen acusación fiscal, muchos de ellos ya están para juicio oral”, señaló, rechazando la idea de que el equipo no haya tenido logros.

También advirtió que la separación de Vela y Pérez constituye una persecución dirigida y una “venganza política”, a fin de buscar impunidad para el sector investigado: “Yo creo que sí los están hostigando, porque han tomado como justificación solamente casos emblemáticos que no pasan de dos. Uno de ellos el caso Cócteles, donde está involucrada la lideresa de una fuerza política muy grande en el Perú y que domina el Parlamento. Hay una venganza política con nombre propio, y se tumban todo el equipo Lava Jato, justamente para generar impunidad”.

En otro momento, manifestó especial preocupación por la desaparición del equipo que investigaba las muertes durante las protestas recientes. “La corrupción podemos seguir combatiéndola, pero los muertos no podemos resucitarlos. Esta desactivación de este equipo genera que los casos pasen al olvido y se genere impunidad para aquellos que están investigados por estas muertes, dentro de ellos, Dina Boluarte”, enfatizó.

“La cantidad de muertos que hay, formalmente se investiga por más de sesenta muertos en Ayacucho, en Apurímac, en Arequipa, en Cusco, en Huancavelica, en Puno. Y, ¿cómo quedan nuestros hermanos del sur? Esto beneficia definitivamente al poder político involucrado en las muertes. No solo estamos hablando de Dina Boluarte, también de su ministro del Interior, el ministro de Defensa en el turno correspondiente cuando se dieron estas muertes... Hay indicios en las investigaciones de que responde a una orden del más alto estamento del Estado. Silenciar al pueblo peruano era la consigna“, agregó.

¿Por qué la Junta de Fiscales Supremos se mantiene en silencio?

Consultado sobre la falta de pronunciamiento por parte de la Junta de Fiscales Supremos, mencionó que el silencio es entendible ante la existencia de miembros investigados por corrupción, lo que, a su juicio, compromete la autonomía de la institución.

“La Junta de Fiscales Supremos tiene cinco integrantes. Entre ellos, la presunta lideresa de una organización criminal, me refiero a las investigaciones que tiene Patricia Benavides; un investigado por el caso emblemático Los Cuellos Blancos del Puerto, Luis Arce Córdova, y otro investigado que está ejerciendo la Fiscalía de la Nación”, señaló.