El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para anular la inhabilitación por 10 años que le impuso el Congreso por un documento que no respaldó ni firmó.
La Tercera Sala en lo Constitucional de Lima determinó que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida y programó la audiencia única para el 9 de marzo a las 8:30 de la mañana.
Además de requerir la nulidad de la inhabilitación por 10 años, Delia Espinoza pide que “se restituyan plenamente mis derechos fundamentales como autoridad constitucional, disponiéndose mi inmediata reposición en los cargos de fiscal de la Nación, y fiscal suprema”. Ello incluye, se lee, el pago por conceptos de beneficios económicos que dejó de percibir por la arbitraria sanción del Parlamento.
También solicita que se exhorte al Congreso a salvaguardar el derecho al debido proceso en los futuros procedimientos de juicio político y que se declare la nulidad de la resolución que le levanta el antejuicio para que sea procesada penalmente.
El Congreso tiene 10 días a partir de la notificación de la resolución de admisión a trámite para que responda la demanda de Delia Espinoza
Cabe precisar que la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima tiene un precedente. Este mismo colegiado declaró inaplicable la inhabilitación que el Congreso dictó contra Zoraida Ávalos y ordenó su inmediata reposición como fiscal suprema titular.
El caso
El caso implica la supuesta intervención de Delia Espinoza en la elaboración y aprobación del Reglamento de actuación fiscal, hecho por el cual el Congreso también optó por levantarle el antejuicio para que sea procesada penalmente por los delitos de abuso de autoridad, delito de prevaricato, falsedad genérica y usurpación de función pública.
Pese a que documentos internos del propio Ministerio Público demuestran que ni Espinoza ni ningún otro fiscal supremo, salvo el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, participó en la redacción del reglamento cuestionado, el Congreso avanzó en el proceso. Así, quedó habilitado el camino para que el entonces fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez formalizara la investigación preparatoria.
Justamente, el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley aprobó la formalización de la investigación preparatoria tras determinar que cumplía con los requisitos formales: relato del supuesto hecho ilícito, datos de la investigada y mención expresa al plazo de prescripción, que sigue vigente.
La resolución de Checkley también precisó que el plazo de la investigación preparatoria es 120 días naturales, con vencimiento en abril de 2026, aunque podría ser prorrogado por decisión de la Fiscalía. Checkley ordenó además notificar a la Procuraduría General del Estado para que solicite su constitución como actor civil.
Fuentes consultadas adelantaron que la defensa de Delia Espinoza presentaría una excepción de improcedencia de acción, con el objetivo de que el Poder Judicial declare que los hechos no le son atribuibles o carecen de relevancia penal y archive definitivamente el proceso.
Espinoza sigue ostentando el cargo de fiscal de la Nación, aunque por la inhabilitación no lo puede ejercer. Su mandato culmina en octubre de 2027, aunque la Junta de Fiscales Supremos evalúa elegir un nuevo titular del Ministerio Público.
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