Trabajadores de Petroperú denuncian una campaña desde el poder político para presentar sus derechos laborales como privilegios y justificar recortes que, según afirman, no resolverán la crisis de la empresa.
En una carta pública difundida en enero de 2026, el Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAPP) rechaza lo que considera una estrategia deliberada de confusión, que apunta a desviar la atención de la mala gestión y la falta de responsabilidad de quienes han dirigido la compañía en los últimos años.
El sindicato de Petroperú señala que recortes del MEF ignoran problemas estructurales
El documento señala que el verdadero problema de Petroperú es la inestabilidad en la conducción y las decisiones erráticas de sucesivos directorios, no los derechos de los trabajadores.
Desde 2015, la empresa ha tenido 13 presidentes del directorio y solo en los últimos tres meses de 2025 pasaron por el cargo Alejandro Narváez, Fidel Moreno, Luis Alberto Canales y Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares. El sindicato acusa que la rotación y la improvisación en la cúpula han paralizado la gestión y profundizado la crisis financiera.
El sindicato denuncia que se intenta responsabilizar a los trabajadores para evitar que se discutan los verdaderos problemas: designaciones políticas, falta de control y ausencia de una estrategia sostenible.
Subrayan que los salarios y beneficios de los empleados representan menos del 3,8% del presupuesto y que los verdaderos privilegios están en los altos cargos del Estado, donde se pagan sueldos y bonificaciones mucho mayores, además de beneficios como autos y choferes.
STAPP denuncia que campaña contra el personal oculta designaciones políticas
El STAPP advierte que los derechos laborales no son “gollerías”, sino conquistas reconocidas por ley y fruto de negociaciones colectivas aprobadas por la administración y el directorio.
Calificar estos acuerdos como excesos es, según el sindicato, una manipulación para debilitar la posición de los trabajadores y justificar recortes arbitrarios. La carta también critica que estas propuestas se presenten sin informes técnicos ni evaluaciones de entidades como SUNAFIL o la Autoridad Administrativa de Trabajo.
El sindicato recuerda que el personal de Petroperú cumple funciones en condiciones de riesgo, con disponibilidad permanente, y mantuvo la operación del sector durante emergencias como la pandemia de COVID-19.
Frente al argumento de los privilegios, responden que sus remuneraciones no superan a las de altos funcionarios públicos y, en muchos casos, son inferiores.
¿Recortes arbitrarios exponen al Estado a litigios judiciales?
Desde el sindicato, se exige que cualquier reforma se base en criterios técnicos y no en presiones políticas o mediáticas.
Advierten que avanzar en la eliminación de derechos colectivos sin proceso legal expone al Estado a demandas y responsabilidad judicial. Rechazan la intromisión política en la gestión, recordando que Petroperú es una sociedad anónima sujeta a normas de gobierno corporativo.
El STAPP cuestiona la construcción de una falsa confrontación entre trabajadores y ciudadanía. Sostienen que la campaña para recortar derechos laborales busca ocultar la falta de gestión profesional y el desorden en la empresa.
“Hoy se cuestionan los derechos de los trabajadores de Petroperú, pero mañana podrían ponerse en duda los de cualquier trabajador del país”, afirmaron.
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