Entre el segundo semestre de 2025 y enero de 2026, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú ejecutó el traslado de más de 550 internos de alta peligrosidad a penales de máxima seguridad, como parte de una estrategia para combatir el crimen organizado desde el interior de las cárceles.
Durante el segundo semestre de 2025, el INPE trasladó 450 internos de alta peligrosidad a penales de mayor seguridad. Esta cifra representa un incremento del 25% respecto a 2024 y del 57% en relación con 2023. Según el INPE, la medida busca romper las cadenas de extorsión y crimen organizado generadas desde los penales, ya que muchos de estos internos están vinculados a delitos como sicariato, extorsión y secuestro.
En enero de 2026, el INPE completó un operativo adicional que involucró el traslado de 100 reclusos de extrema peligrosidad al penal de Challapalca. Estos internos provenían de cinco centros penitenciarios de la región Lima: Lurigancho, Ancón I, Callao, Castro Castro y Huaral.
El traslado a Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna, completó la capacidad máxima del penal. Cada recluso permanece en su celda durante veintidós horas al día y solo dispone de dos horas diarias de patio, bajo un régimen cerrado especial y condiciones restrictivas.
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, explicó que los trasladados están relacionados con bandas como los Malditos de Bayóvar, J-905, Los Hijos de Dios, Los Yepes y el grupo del Cholo Jacinto. “Son cien internos provenientes de cinco penales de la región Lima”, afirmó Paredes, quien precisó que todos cuentan con sentencia y han sido catalogados de extrema peligrosidad.
Entre los internos trasladados figuran nombres destacados como Yojairo Arancibia Sevillano, alias “JJ”, coordinador con bandas de alcance nacional. Además, la habilitación de un pabellón en Ancón I permitió albergar a más de 150 internos considerados de alta peligrosidad, incluyendo cercanos a Erick Moreno Hernández (El Monstruo) y Adam Lucano (El Jorobado). A la par, se reforzaron los controles a visitantes y la detección de drogas, celulares y objetos prohibidos.
En cuanto a la política institucional, el presidente del INPE subrayó que, tras reunirse con el presidente de la República y el ministro de Justicia, la directiva es mantener y aumentar los operativos y traslados de reclusos peligrosos. “La orden fue clara: los operativos continuarán”, indicó Paredes.
Requisas y control de tecnología ilegal en los penales
Durante el segundo semestre de 2025, el INPE realizó cerca de 4.100 requisas en establecimientos penitenciarios, lo que representó un aumento del 28% respecto a los años anteriores. Durante estos operativos, se llevaron a cabo apagones eléctricos programados con el objetivo de bloquear las comunicaciones externas de los internos. Como resultado, se incautaron 950 celulares, aproximadamente 1.400 accesorios y 4.500 armas punzocortantes.
Recientemente, se descubrió un sistema de conectividad clandestina compuesto por una antena, dos repetidores de señal y cables enterrados a cerca de un kilómetro del penal de Challapalca y que facilitaba las comunicaciones ilegales para los internos. Aunque los dispositivos ya fueron confiscados por las autoridades, las investigaciones se han iniciado para determinar quiénes son los responsables de su instalación.
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