Perú Primero denuncia a la presidenta del TC por comentarios sobre Mario Vizcarra

Agrupación asegura que declaraciones de Luz Pacheco desconocen la jurisprudencia del TC y busca inducir al JEE a excluir al hermano de Martín Vizcarra

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Partido cuestiona que Luz Pacheco
Partido cuestiona que Luz Pacheco haya dicho que los impedimentos para condenados por corrupción rehabilitados siga vigente cuando el TC lo calificó como constitucional. Foto: composición Infobae

El partido político Perú Primero denunció a la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, por presuntamente vulnerar la neutralidad electoral al referirse al proceso de tachas contra el candidato presidencial Mario Vizcarra.

Según la denuncia presentada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1), las declaraciones de Pacheco “desconocen abiertamente el precedente constitucional fijado por su propia institución", “anticipan criterio sobre una controversia electoral en curso”, “inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales” y “constituyen una interferencia directa en el proceso electoral, vulnerando el principio de neutralidad”.

Si bien el TC no llegó a declarar inconstitucional la Ley 30717 que se invoca para tachar a Mario Vizcarra, en recientes fallos los magistrados por mayoría han inaplicado dicha norma.

En una entrevista con Canal N, Luz Pacheco aseguró que los impedimentos por corrupción “siguen vigentes pese a las rehabilitaciones”, en referencia a su voto en minoría. No obstante, no mencionó la posición en mayoría que considera que la Ley 30717 es inconstitucional por extender las restricciones más allá de la condena penal.

Denuncia de Perú Primero contra
Denuncia de Perú Primero contra la presidenta del TC

“Esta conducta no solo vulnera el deber de neutralidad, sino que genera una interferencia indebida en la independencia de los órganos electorales al inducirlos a desobedecer los mandatos de tutela constitucional que protegen el derecho de resocialización y participación política del candidato Mario Vizcarra Cornejo”, se lee en el documento.

Admiten tercera tacha contra Mario Vizcarra

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) admitió una tercera tacha contra el candidato presidencial Mario Vizcarra, de Perú Primero, debido a su sentencia firme por peculado. Esta acción podría llevar a la exclusión de Vizcarra de la contienda electoral.

En respuesta a la tacha, Perú Primero pidió al JEE que no aplique la Ley 30717 y permita que su candidato continúe en la competencia. El partido fundamentó esta solicitud en recientes decisiones del Tribunal Constitucional (TC), el cual ha declarado inconstitucional impedir que ciudadanos rehabilitados postulen, argumentando la importancia de proteger el derecho a la participación política. Únicamente en 2025, el TC resolvió seis casos eximiendo a postulantes rehabilitados de la restricción impuesta por la Ley 30717.

Admiten tercera tacha contra Mario
Admiten tercera tacha contra Mario Vizcarra

La tacha fue presentada por Edwin Roberto Huamaní Pérez, quien tras cumplir con la tasa de 5.350 soles, logró que su pedido fuera admitido. El JEE Lima Centro 1 notificó al personero legal del partido para que exponga sus descargos.

En ocasiones previas, tanto un militante de Avanza País como el candidato aprista Luis Miguel Caya presentaron objeciones contra la postulación de Vizcarra basándose en su condena por peculado de 2005.

En todos los casos, los argumentos de su exclusión fueron impugnados por Perú Primero, que invocó la posición reiterada del Tribunal Constitucional: “El criterio seguido por las instancias electorales en la aplicación literal de la Ley 30717, es decir, impidiendo al ciudadano rehabilitado postular, es absolutamente inconstitucional. Ello ha traído la denigrante y reiterada imposición de sanciones y apercibimientos a los miembros del Supremo Tribunal Electoral”.

El Jurado Nacional de Elecciones deberá determinar si mantiene la vigencia de la Ley 30717 o adopta el criterio jurisprudencial del TC, que en sus últimas resoluciones instó a los órganos electorales a emplear el control difuso de constitucionalidad.