
El Senamhi emitió una alerta naranja debido a las lluvias y vientos fuertes registrados en noviembre en varias provincias liberteñas. En zonas donde las precipitaciones generan aniegos, colapsos de desagüe o deslizamientos, las viviendas informales construidas sin planificación, servicios básicos ni materiales seguros están entre las primeras en resultar afectadas.
Al 2024, más de 235 mil viviendas urbanas en La Libertad presentaban condición informal, lo que equivale al 56,2% del total. Esto implica que más de la mitad se ubica en zonas no habilitadas para uso habitacional o carece de título de propiedad, superando el nivel prepandemia (50,6%). Si bien esta proporción es ligeramente menor que el promedio nacional (60,5%), la tendencia de largo plazo muestra una situación más preocupante: desde 2007, el número de viviendas informales en la región casi se ha duplicado, un crecimiento que supera al observado tanto a nivel nacional como en la macrorregión Norte.
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La informalidad también se refleja en cómo se construyen las viviendas. Solo el 12,0% de las viviendas informales en La Libertad fue edificada con asistencia técnica profesional, y apenas el 12,8% cuenta con licencia municipal, ambas cifras por debajo de los promedios nacionales (14,0% y 16,0%, respectivamente). Esta ausencia de supervisión adecuada se traduce en materiales precarios: el 47,7% presenta paredes de adobe o quincha y el 52,8% techos de calamina o fibras de cemento. Además, el 22,3% tiene pisos vulnerables. Estas condiciones incrementan significativamente el riesgo de deterioro o colapso ante lluvias intensas, inundaciones y sismos.
Las brechas pendientes
El acceso a servicios esenciales también es limitado. Por ejemplo, el 11,1% de las viviendas informales lleva entre 15 y 20 años sin acceso a agua y el 31,7% no cuenta con desagüe por más dos décadas, ambos indicadores por encima de los promedios nacionales (8,1% y 26,8%, respectivamente). En conjunto, una vivienda informal en La Libertad acumula en promedio más de once años de rezago en la provisión de agua o saneamiento. En la última década, la brecha de acceso a agua y saneamiento en La Libertad aumentó 13,1% a 13,5% de los hogares urbanos, esto ocurre a pesar de inversiones superiores a S/ 844 millones como parte del Plan Nacional de Saneamiento Urbano (un monto mayor al promedio nacional de S/ 644 millones).
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A ello se suma un déficit habitacional formal persistente. Más de 28 mil hogares liberteños no cuentan con vivienda propia, mientras que la producción anual de viviendas formales cubre apenas una cuarta parte de la demanda estimada. Esta brecha equivale a 31 viviendas formales que no se construyen o que terminan construyéndose de manera informal por cada 10 mil habitantes. Por ello, La Libertad se posiciona como la segunda región con mayor déficit entre sus pares del norte y la cuarta a nivel nacional. Según estimaciones del IPE, cerrar esta brecha en los próximos diez años requeriría multiplicar por 2,3 el ritmo actual de construcción formal.

Reducir la vulnerabilidad urbana en La Libertad exige una estrategia integral que combine el control de la expansión informal con el fortalecimiento de la vivienda social, la asistencia técnica y el acceso a financiamiento formal. Asimismo, se necesita una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para facilitar condiciones que atraigan mayor inversión privada en vivienda formal. Solo así será posible mejorar la resiliencia de las ciudades liberteñas, cerrar brechas de infraestructura y avanzar hacia un desarrollo urbano ordenado.
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(*) Elaborado por María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del IPE, con colaboración de Pablo Castro.
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