Josué Gutiérrez afirma que gobierno de José Jerí no tiene facultades para reformas estructurales en Petroperú

La reciente reestructuración de Petroperú, oficializada a través de un decreto de urgencia promulgado el 31 de diciembre por el Gobierno de transición de José Jerí, ha desatado un intenso debate sobre la legitimidad y el alcance de las reformas estructurales en la mayor empresa estatal de hidrocarburos. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, advirtió que un Ejecutivo transitorio carece de facultades constitucionales para tomar decisiones de semejante peso, e informó que la Defensoría prepara un informe técnico para evaluar la legalidad y viabilidad de la medida.

La polémica se ha agudizado en medio de reacciones encontradas. Mientras el Ejecutivo sostiene que la reforma busca garantizar la provisión regular de combustibles, especialmente en regiones donde Petroperú controla más del 85% del mercado, sindicatos y sectores críticos han advertido sobre los riesgos de fragmentación y pérdida de soberanía energética.

Entre las principales inquietudes figuran la apertura al capital privado, la reducción de personal respaldada por una asignación de 240 millones de soles (unos €60,8 millones) y la posible privatización parcial de activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara.

Pone en duda la legitimidad de José Jerí para intervenir en Petroperú

Desde la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez cuestionó la legitimidad del Gobierno de transición para intervenir en Petroperú. “Un Gobierno transitorio no está, de acuerdo con los principios constitucionales, facultado para hacer reformas de esa naturaleza”, subrayó, enfatizando que la figura de sucesión presidencial no otorga las mismas atribuciones que un mandato electo.

Gutiérrez remarcó que las decisiones de fondo sobre una empresa estratégica como Petroperú deben tomarse con prudencia y por un gobierno plenamente legitimado por las urnas, y no por un Ejecutivo encargado. “Siempre tiene que ser uno meticuloso, ordenado, transparente y muy prudente respecto a las decisiones de Estado”, durante una entrevista con RPP Noticias.

En respuesta a las acusaciones del premier Ernesto álvarez, quien sugirió que la Defensoría protege privilegios en la empresa estatal, Gutiérrez fue enfático: “No estoy involucrado en el mundo político por las razones del cargo. Yo no podría estar pidiendo a las bancadas qué es lo que tienen que hacer”, señaló, reafirmando el carácter técnico y autónomo del organismo. La Defensoría anunció que en breve presentará un informe sobre la constitucionalidad y viabilidad de la reestructuración.

Gutiérrez advierte riesgos tras la reforma de Petroperú

La reorganización interna de Petroperú incluye la autorización para la entrada de capital privado y la reducción significativa de personal, elementos que han generado preocupación sobre la continuidad operativa y el impacto social de la medida. Gutiérrez sostuvo que estas decisiones pueden “minar y colapsar” la empresa desde dentro, y sugirió que la situación actual responde a la introducción de personal no calificado con el objetivo de debilitar la compañía: “Lastimosamente han introducido gente al interior de Petroperú para minarlo y colapsarlo. Esa es por lo menos la primera hipótesis que tenemos”.

El defensor defendió la viabilidad económica de la empresa, destacando que “las cuentas del año 24 terminaron en azul y las del 25 también, porque hay un franco proceso de crecimiento económico con la puesta en marcha de la refinería de Talara”. Considera que la narrativa de insolvencia solo genera incertidumbre y afecta la confianza en el futuro de la empresa estatal.

En lo social, advirtió que la reducción de la capacidad estatal en el sector puede incidir directamente en los precios al consumidor y debilitar la soberanía energética: “Hoy día, que es la oferta y demanda, ¿cuánto difieren los precios de Petroperú con los precios de los demás competidores? En tres soles, cinco soles y hasta ocho soles... Si no existiera Petroperú, ¿cuál va a ser la incidencia de esos precios?”, cuestionó.

El debate por la reestructuración y privatización de Petroperú

El decreto asigna a Proinversión la responsabilidad exclusiva de la reestructuración, un aspecto que el defensor del Pueblo observa con escepticismo. “La visión que tiene Proinversión muchas veces difiere mucho de la realidad”, advirtió, recordando que experiencias previas con concesiones públicas han generado problemas de gestión y transparencia.

Sobre la posibilidad de privatización, Gutiérrez puntualizó que abrir el accionariado al capital privado puede ser razonable en ciertos porcentajes, pero rechaza la venta total o la transferencia apresurada de activos estratégicos. “Lo que no puede hacer el Estado es dejarlo todo, venderlo a precio de huevo roto, una empresa estratégica que hoy día factura cerca de siete mil millones de soles”, remarcó.

El defensor insistió en que la Defensoría actúa por mandato constitucional para proteger los derechos ciudadanos y el interés nacional, sin vínculos ni agendas sindicales o políticas: “Nosotros nos introducimos en esta discusión por los temas de implicancia en el consumidor final y en la soberanía nacional”.

Gutiérrez adelantó que se reunirá con el premier álvarez el 7 de enero para dialogar sobre la medida, aunque anticipó que el proyecto “no podrá ser ejecutado” bajo las condiciones actuales. “Es inaudito e inconcebible que un Gobierno de transición pretenda definir el futuro de una empresa estratégica. El nuevo Gobierno que asumirá en julio debe ser quien tome las decisiones de fondo sobre Petroperú”, concluyó.

El Gobierno, por su parte, ha negado que la reorganización conduzca a una privatización total o a la liquidación de la empresa. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el objetivo es mantener a Petroperú como empresa pública, pero con una gestión más eficiente y bajo supervisión técnica. No obstante, Gutiérrez advirtió que la pérdida de control y la fragmentación de la empresa pueden tener consecuencias irreversibles para la soberanía nacional y la seguridad energética.

Petroperú, en el centro de la discusión nacional, enfrenta un momento decisivo cuya resolución marcará el rumbo energético, social y político del país.