
El Callao, conocido como el primer puerto del Perú y puerta de entrada principal para el comercio internacional, se ha convertido en sinónimo de escándalos de corrupción que involucran a sus máximas autoridades regionales. En los últimos 20 años, prácticamente todos los gobernadores regionales han enfrentado acusaciones graves por presuntamente liderar o integrar organizaciones criminales dedicadas a coimas, direccionamiento de obras, sobornos y malversación de fondos públicos. Figuras como Álex Kouri, Félix Moreno, Dante Mandriotti y el actual Ciro Castillo Rojo ilustran un patrón preocupante que ha perjudicado la confianza en las instituciones chalacas.
El Gobierno Regional del Callao, creado en 2003, ha visto desfilar a líderes que, en su mayoría, provienen del movimiento Chim Pum Callao, una agrupación política que dominó la región por más de una década.
Álex Kouri, fundador de este movimiento, gobernó entre 2007 y 2010 tras ser alcalde provincial. En 2016, fue condenado a cinco años de prisión por colusión agravada en el caso Convial, relacionado con la concesión irregular de la Vía Expresa del Callao, adjudicada en 1999 con sobrevaloraciones millonarias. Kouri, según el fallo, favoreció a la empresa Convial, generando un perjuicio de más de US$32 millones. Aunque cumplió su pena y salió en libertad en 2021, permanece inhabilitado por no pagar una reparación civil de S/26 millones, lo que le impide postular en elecciones futuras.

Su sucesor, Félix Moreno Caballero (2011-2014 y reelecto hasta 2018), representa uno de los casos más emblemáticos de corrupción vinculada a mafias internacionales. Moreno, también de Chim Pum Callao, fue condenado por múltiples delitos, incluyendo recepción de sobornos de US$4 millones de la constructora brasileña Odebrecht por la concesión del tramo Callao de la Costa Verde.

Además, enfrenta sentencias por colusión en la venta subvaluada del Fundo Oquendo, construcción irregular de un sauna en el Pentagonito y obras inconclusas como la sede de Corpac. Actualmente preso, Moreno es acusado de integrar redes que combinaban corrupción administrativa con favores a empresas constructoras, en un esquema que involucraba lavado de activos y tráfico de influencias.
Dante Mandriotti Castro, gobernador de 2019 a 2022, no escapó a las investigaciones. Vinculado a presuntas organizaciones criminales como “Los Malditos de Angamos”, la Fiscalía solicitó hasta 15 años de prisión por presunta pertenencia a banda y colusión agravada. Durante su gestión, se detectaron sobrevaloraciones en contratos menores y nombramientos irregulares, perpetuando un sistema de favores y coimas que, según informes de Contraloría, facilitaba el direccionamiento de recursos públicos.

El caso más reciente y alarmante es el de Ciro Castillo Rojo, electo en 2022 para el período 2023-2026. Castillo, quien llegó al poder prometiendo combatir la corrupción y la inseguridad, es ahora investigado como presunto cabecilla de la organización criminal “Los Socios del Callao”.

En diciembre de 2025, un megaoperativo fiscal y policial allanó 27 inmuebles, incluyendo su vivienda y oficinas del Gore Callao, por presunta colusión agravada y direccionamiento de más de 60 contratos por S/1.461.121, fraccionados para evitar licitaciones. Castillo permanece prófugo desde entonces, con orden de detención preliminar confirmada y pedido de 36 meses de prisión preventiva. La Fiscalía incluso denunció la existencia de una “ruta de escape” construida irregularmente en su oficina, conectada al garaje del Gore. Actualmente, la vicegobernadora Edita Vargas Cerón asumió el cargo de manera interina.
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