Marzo de 2025: el mes que sacudió al Perú entre tragedias, violencia y crisis política

Marzo de 2025 dejó una profunda huella en Perú, marcado por una serie de crisis que modificaron el panorama político, social y emocional del país. La indignación por la tragedia del Real Plaza Trujillo, el impacto por el asesinato de Paul Flores, el inicio del juicio oral contra Pedro Castillo, cuestionadas normas en el Congreso, movilizaciones nacionales por la inseguridad ciudadana y la posterior censura del ministro del Interior definieron un mes de alta tensión. La presidenta Dina Boluarte, bajo presión social y política, cerró el mes con la convocatoria oficial a las elecciones generales Perú 2026, abriendo una nueva fase en la historia democrática nacional.

Una semana después del colapso del techo en el Real Plaza Trujillo, ocurrido el 21 de febrero, la ciudad seguía sacudida. El accidente, que dejó seis víctimas mortales y más de 80 heridos, motivó protestas en el centro comercial y fuertes críticas a las autoridades locales, como el alcalde Mario Reyna y el gobernador regional César Acuña, señalados por presuntas fallas en fiscalización y controles de seguridad. “Vi cómo el techo cayó sobre mi familia”, contó un sobreviviente, ilustrando la magnitud del trauma entre las víctimas. De los 89 heridos, 17 continuaban hospitalizados tras una semana, según las autoridades de salud.

Las investigaciones avanzaron en dos direcciones: un análisis técnico con participación de un perito externo y una revisión exhaustiva de las autorizaciones y controles administrativos tanto en el centro comercial como en la municipalidad. Al mismo tiempo, la tragedia provocó cierres preventivos en otras sedes del conglomerado y reavivó el debate parlamentario sobre un proyecto de ley respaldado por agrupaciones de derecha que buscaba restringir los cierres de locales por razones de seguridad. Esta propuesta fue duramente criticada en el contexto del desastre.

El gerente general de Real Plaza, Misael Shimizu, declaró que la empresa asumiría las responsabilidades que determinen las autoridades y estableció un fondo de S/20 millones para atender a los afectados. “La responsabilidad que corresponda a Real Plaza, Real Plaza la va a asumir. Pero la definición de esa responsabilidad la determinarán las autoridades”, subrayó el ejecutivo, mientras familias y víctimas exigían compensaciones.

Incendio Barrios Altos: emergencia y reconstrucción

El 3 de marzo, una tragedia sacudió al centro histórico de Lima cuando un incendio comenzó en un almacén ilegal de la calle Junín, en el sector de Barrios Altos, y se propagó a construcciones aledañas, principalmente viviendas precarias. Las llamas, avivadas por materiales inflamables y la fragilidad estructural del entorno, movilizaron a más de cuatrocientos bomberos durante ciento cuarenta horas de labor ininterrumpida.

El siniestro dejó siete personas heridas de gravedad, al menos diecisiete afectadas por inhalación de humo, así como la destrucción absoluta de quince viviendas y daños irreversibles en otras catorce dentro de un conjunto de cuarenta y siete. El colapso de un edificio de seis pisos, tras treinta horas de combate al fuego, puso de manifiesto la magnitud de la emergencia y los riesgos urbanos persistentes. Informes de la Municipalidad de Lima confirmaron que el local donde empezó el fuego había sido clausurado en varias ocasiones, aunque mantenía operaciones de modo irregular.

Como consecuencia, se declaró el estado de emergencia en la zona afectada, lo que facilitó destinar recursos para la atención de los damnificados y avanzar en la reconstrucción de un barrio emblemático para el patrimonio de la capital.

Inicio del juicio oral contra Pedro Castillo

El 4 de marzo, en Lima, comenzó el juicio oral contra Pedro Castillo bajo gran expectativa. Aunque el exmandatario había indicado que no acudiría, finalmente estuvo presente durante la apertura. Castillo insistió en comparecer sin defensa técnica y pidió que se difundiera su escrito, en el que rechazaba las acusaciones y denunciaba el proceso como una “teatralización”.

“Rechazo la hoja de ruta de este juicio oral (…) al cual pretenden someterme para legitimar con mi participación su anunciada condena”, afirmó, negándose a involucrar a su abogado Luis Medrano. La magistrada Norma Carbajal señaló la imposibilidad de continuar el proceso sin abogado, recordando que ya se habían acreditado cuatro defensores distintos, mientras Castillo persistía en su rechazo a las condiciones del proceso.

Durante todo el proceso, el expresidente mantuvo una actitud similar a la de la primera audiencia y se dedicó a lazar proclamas políticas. Hasta el último día, aseguró ser víctima de una persecución.

Reforma Ley APCI y reacción social

El Congreso de Perú aprobó el 12 de marzo una modificación determinante a la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con ochenta y dos votos a favor en el pleno. Según el oficialismo, el cambio busca fortalecer la transparencia en la relación con la cooperación internacional, pero las reacciones adversas se hicieron sentir en organizaciones civiles y foros internacionales, que advierten que la nueva normativa limita seriamente la operatividad de decenas de ONG en el país y amenaza derechos fundamentales.

Colectivos como el Instituto de Defensa Legal señalaron que la reforma multiplica “las sanciones arbitrarias contra las ONG”. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agencias multilaterales criticaron públicamente la medida al considerar que podría facilitar el acoso contra voces críticas. Desde la organización Promsex, dedicada a la defensa de mujeres y colectivos vulnerables, se calificó la ley como “desproporcionada e inconstitucional”. Advirtieron que “no busca transparencia ni una mejor supervisión, sino obstaculizar el trabajo de las ONG y perpetuar la impunidad”, con posibles riesgos sobre sectores como la educación, la salud y la promoción de los derechos humanos. La reforma, consideran, podría tener un efecto inhibidor para quienes defienden la justicia social en Perú.

La cumbia de luto: el crimen del ‘Russo’

La madrugada del 16 de marzo, la ola criminal sumó una nueva víctima: Paul Flores, conocido como ‘el Russo’ y vocalista de Armonía 10, quien murió tras un ataque armado contra el bus de la orquesta cuando salía de un concierto en San Juan de Lurigancho. El atentado, ejecutado por sicarios en motocicletas, provocó una ola de indignación nacional.

En respuesta, colectivos y ciudadanos exigieron respuestas inmediatas, mientras el hashtag #FueraSantiváñez visibilizaba la presión sobre el ministro del Interior. Si bien la orquesta ya había reportado amenazas, el abogado de la familia descartó la existencia de mensajes o llamadas extorsivas previas al ataque. Las investigaciones policiales se centraron en el análisis del vehículo afectado y en la revisión de videos de la zona.

El caso de Flores se sumó a otros crímenes recientes vinculados a bandas de extorsionadores, pese a la vigencia del estado de emergencia. Es así que, diversas autoridades, como el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado cuestionó la eficacia de esta medida e insistió como salida en un adelanto de elecciones. En ese marco, la presidenta Boluarte reafirmó públicamente su rechazo a la criminalidad y llegó a plantear “estoy pensando seriamente en la pena de muerte”, pese a las limitaciones legales y de tratados internacionales.

Las expresiones de repudio escalaron a movilizaciones y paros en días posteriores, presionando por respuestas tangibles ante la creciente inseguridad ciudadana. Diversos sectores organizaron protestas mientras, según cifras oficiales, se registraron más de 1.800 homicidios en los 300 días previos bajo la gestión del ministro Juan José Santiváñez. Ante la indignación, varias bancadas parlamentarias cambiaron de postura y solicitaron su renuncia inmediata.

La censura acelerada de Santiváñez

La respuesta oficial incluyó la convocatoria a un pleno temático de seguridad ciudadana en el Congreso y la declaratoria de un nuevo estado de emergencia. Sin embargo, estas iniciativas fueron recibidas con escepticismo, al considerar que no conforman una estrategia sostenible. “La salida es adelantar elecciones”, insistió el alcalde de San Juan de Lurigancho, mientras que el alcalde de San Martín de Porres advirtió que “no existe un plan integral contra el crimen organizado”, resaltando la urgencia de replantear la estrategia nacional de seguridad.

La presión política y social desembocó el 22 de marzo en la censura parlamentaria del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien debió presentar su renuncia tras una votación con 78 votos a favor. “Es una decisión que toma el Congreso de la República. Nosotros la respetamos y por mientras seguiremos trabajando”, expresó. Esta crisis acentuó las tensiones en el gabinete y aumentó los cuestionamientos a la estabilidad del Ejecutivo.

Alerta sanitaria suero fisiológico y respuesta estatal

Mientras la controversia por la ola de inseguridad nacional ocupaba el debate público, el sistema sanitario nacional declaró una alerta tras detectar que un lote de suero fisiológico fabricado por Medifarma S.A. había provocado la muerte de al menos cuatro personas y reacciones graves en hospitales de Lima, Cusco y Trujillo. El lote afectado, numerado 2123624 y con vencimiento para diciembre de 2027, presentaba una concentración anormalmente alta de sodio, lo que ocasionó múltiples casos de hipernatremia, convulsiones y, en los pacientes más severos, muerte cerebral.

Como respuesta inmediata, las autoridades sanitarias inmovilizaron más de diez mil unidades del producto, suspendieron el área de fabricación de líquidos estériles de Medifarma y anularon el registro sanitario del lote mientras avanzaban las investigaciones. El Ministerio de Salud despidió al director general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), Moisés Mendocilla Risco, así como otros funcionarios responsables del control y vigilancia sanitaria. Simultáneamente, la Fiscalía de Santa Anita inició investigación penal contra los ejecutivos del laboratorio e incluyó denuncias penales contra entidades como la clínica SANNA, que omitieron reportar los incidentes en el plazo legal de veinticuatro horas.

Convocatoria a elecciones generales

En medio de la agitación política y social, Dina Boluarte anunció el 25 de marzo la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026. El mensaje fue transmitido en cadena nacional y contó con la presencia de los máximos representantes del sistema electoral. Boluarte argumentó que la decisión se tomaba para respetar el orden constitucional y renovar la legitimidad democrática.

“El 12 de abril del 2026, los peruanos tendremos una cita con la historia y elegiremos a las nuevas autoridades en unas elecciones democráticas, limpias, transparentes y ordenadas (...) El Gobierno que dirijo asume el compromiso de mantener absoluta neutralidad e imparcialidad para que los resultados de este proceso electoral sean incuestionables y reflejen la voluntad popular”, afirmó la mandataria.

En los comicios se elegirá al nuevo presidente, a los diputados y senadores del futuro Congreso bicameral y a los representantes ante el Parlamento Andino. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la inscripción de 41 partidos políticos para participar en el proceso. La convocatoria a elecciones fue interpretada como una respuesta a la presión ciudadana y a la crisis política desatada por la inseguridad y la falta de resultados en la gestión pública.

Ataque minera Poderosa y persistencia de la violencia en Pataz

La violencia escaló en la provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad, con ataques ejecutados entre el 28 y 29 de marzo por grupos armados vinculados a la minería ilegal contra la Compañía Minera La Poderosa. El saldo fue de cinco personas fallecidas y ocho heridas, luego de que los agresores, armados con rifles, emboscaran un vehículo con personal, ejecutaran a trabajadores y destruyeran infraestructura clave, incluida la torre de alta tensión número diecisiete caída este año.

Más de cincuenta empleados tuvieron que ser evacuados con urgencia. La compañía atribuyó estos atentados a la colusión entre cuadrillas de minería ilegal y organizaciones delictivas que buscan el control de los socavones. Los sucesos ocurrieron pese al estado de emergencia en la zona, bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A la violencia registrada en marzo se sumaron posteriormente hallazgos de mineros ejecutados tras un secuestro masivo, que reflejan la profundidad del problema y la vulnerabilidad de la región frente al crimen organizado.