En un giro político significativo, el Congreso de la República aprobó la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras cuestionamientos a su desempeño frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Con esta decisión, el funcionario deberá abandonar su cargo y la presidenta Dina Boluarte tiene un plazo de 72 horas para designar a su reemplazo.
El ahora exministro, quien asumió el liderazgo del sector en mayo de 2024, se despidió sin reconocer errores en su gestión. En su pronunciamiento tras la votación, se mostró convencido de haber trabajado en favor de la Policía Nacional del Perú (PNP), enfatizando mejoras salariales, en armamento y en derechos para los efectivos policiales.
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Un desenlace inevitable: la votación en el Congreso
Con 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, el Congreso resolvió la destitución de Santiváñez, quien fue el ministro del Interior con más tiempo en el cargo durante el gobierno de Boluarte. La sesión parlamentaria estuvo marcada por intensos debates, donde varios congresistas argumentaron que su gestión no logró frenar el avance del crimen organizado ni la sensación de inseguridad en el país.

Entre los legisladores que respaldaron su permanencia en el cargo destacan María Acuña, Luis Kamiche, Juan Carlos Lizarzaburu, Alfredo Azurín, Luis Cordero Jon Tay, Jorge Morante, Héctor Valer, José Cueto, Jorge Montoya, Javier Padilla y Edwin Martínez. Sin embargo, el bloque mayoritario se inclinó por la censura, considerando que su desempeño no cumplió con las expectativas ciudadanas.
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Santiváñez responde a su destitución
Minutos después de la votación, Santiváñez se pronunció ante los medios, asegurando que acepta la decisión del Congreso, pero sin reconocer fallas en su gestión. “Han sido 10 meses de arduo trabajo conjuntamente con la PNP. Estoy realmente convencido de que hemos devuelto a la Policía muchísimas cosas: una mejora de sueldo, en armamento, derechos y muchas otras cosas que la PNP sabrá valorar”, afirmó.
Pese a la contundencia de su destitución, evitó referirse a los cuestionamientos sobre su falta de estrategias efectivas para combatir la delincuencia. “Lo que hacemos nosotros en este momento es aceptar la decisión del Congreso y con eso irnos a nuestra casa”, agregó.
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Antes de su pronunciamiento público, Santiváñez sostuvo una reunión de una hora con la presidenta Dina Boluarte, quien deberá nombrar a su sucesor en las próximas horas.
El debate en el Congreso y las posturas divididas
Durante el debate previo a la votación, Susel Paredes, una de las impulsoras de la moción de censura, sostuvo que la violencia criminal ha cobrado la vida de más de 1.800 personas desde que Santiváñez asumió el cargo. Asimismo, lamentó la inacción del gobierno frente a las extorsiones que afectan a miles de emprendedores en el país.
Por su parte, Flavio Cruz, de Perú Libre, defendió la censura y destacó la urgencia de una reforma integral en el Poder Judicial y el fortalecimiento de los servicios de inteligencia. En la misma línea, Heidy Juárez, de Podemos Perú, advirtió que la permanencia del ministro solo perpetuaba la crisis de inseguridad, generando un clima de temor constante entre las familias peruanas.
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No obstante, algunos congresistas expresaron su desacuerdo con la medida. Jorge Montoya, de Honor y Democracia, consideró que la censura era un error, ya que interrumpía la estrategia de seguridad que, según él, empezaba a mostrar resultados. A su vez, Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, justificó su voto a favor de la destitución, señalando que la estrategia del ministro no logró ser efectiva.
Finalmente, Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, manifestó su escepticismo sobre el impacto de la censura, argumentando que el problema de fondo no se soluciona con cambios de ministros. Según él, la inseguridad es una responsabilidad compartida que requiere un plan más amplio y estructural.
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Con la salida de Santiváñez, Boluarte enfrentará la difícil tarea de nombrar al sexto titular del Ministerio del Interior en su gestión, en un contexto donde la población exige medidas urgentes para combatir la delincuencia.
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