La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, denunció públicamente la dramática situación que enfrenta la familia de Mitzar Castillejos, periodista de Ucayali asesinado tras un atentado, quien aún permanece en la Morgue Central de Lima debido a retrasos burocráticos que impiden la entrega de su cuerpo para su traslado a Aguaytía, su tierra natal.
La madre y la hermana de Castillejos aguardan con angustia la autorización para llevar los restos del periodista a Aguaytía. “Han pasado un viacrucis tremendo. Lo intentan asesinar, lo trasladan a un centro asistencial en Aguaytía, luego a Tingo María, de ahí a Lima, once horas en ambulancia. Ayer fallece tras días muy complicados para la familia, y hoy siguen esperando en la morgue”, detalló la presidenta de la ANP.
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Demora en la entrega del certificado de defunción
Lainez enfatizó que, dado que el hospital ya cuenta con todo el historial clínico y que el caso ha sido monitoreado durante dos semanas, la expedición del certificado de defunción y la entrega del cuerpo deberían ser inmediatas.
Lainez informó que mantuvo contacto con la fiscalía, cuyos representantes señalaron que la decisión depende de la fiscal a cargo del caso en Ucayali, aunque prometieron apoyo desde Lima. No obstante, el tiempo sigue pasando y la familia no recibe respuestas. “Necesitamos que los procesos sean más rápidos. Por lo menos, la familia debería tener el consuelo de poder trasladar a Mitzar a su lugar de origen”, exigió.
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Lainez recordó que existe un protocolo especial para casos de defensores y periodistas víctimas de atentados, que contempla procedimientos ágiles para evitar que el dolor de las familias se prolongue innecesariamente. “Es terrible que, después de todo lo que han pasado, ni siquiera puedan retirar el cuerpo. Por eso, invocamos a la Fiscalía y a las autoridades a actuar con celeridad”, sostuvo.

Cuatro periodistas asesinados en Perú
Lainez alertó que, al cierre de 2025, el Perú registra cuatro periodistas asesinados por sicarios en distintas regiones, todos reporteros activos que investigaban y denunciaban hechos de corrupción o abusos de poder en sus localidades. “Son colegas que estaban haciendo investigación y crítica periodística a las autoridades locales. Todos fueron asesinados cuando se dirigían a su lugar de trabajo o volvían de una cobertura”.
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Entre los casos más recientes figuran los de Fernando Núñez y Gastón Medina, este último asesinado hace un año sin que hasta ahora se haya determinado responsabilidad alguna.

Según la ANP, los crímenes contra periodistas en regiones suelen quedar impunes, y los procesos judiciales avanzan con extrema lentitud. “En el caso de Gastón Medina, ha pasado un año y no hay nada. Hay ausencia de justicia y presencia de impunidad”, lamentó Lainez.
Esta realidad genera una sensación de desprotección y desaliento entre los profesionales de la prensa, quienes continúan ejerciendo su labor en condiciones de creciente inseguridad. “El 2025 ya tenemos esta situación y quisiera pensar distinto, pero siento que se va a agravar el problema para el ejercicio de la profesión. Cada vez será más problemático poder investigar y opinar”, auguró
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Lainez concluyó su llamado reclamando voluntad política y acciones concretas de parte de las autoridades. “No basta capturar al delincuente, hay que investigar, determinar responsabilidades y ejercer justicia. Las familias merecen respuestas y los periodistas merecen poder trabajar sin temor a represalias fatales”, remarcó.
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