Más de 2 mil 500 denuncias en lo que va del año: tesoreros de promociones escolares bajo la lupa por estafas millonarias

El manejo de fondos destinados a celebraciones y viajes de promoción en colegios ha encendido las alarmas en diversas comunidades educativas. En lo que va del año, el Ministerio de Justicia ha registrado más de 2.500 denuncias contra tesoreros de promociones por presunta apropiación ilícita de dinero recaudado para estos fines, lo que ha provocado preocupación entre padres y estudiantes.

Las autoridades han puesto bajo observación el rol de quienes administran el dinero de promociones escolares, ya que la apropiación de estos recursos se ha convertido en un problema recurrente. Los casos, que involucran sumas considerables, han llevado a las familias a exigir mayor supervisión y transparencia en la gestión de los fondos, mientras los responsables enfrentan consecuencias legales severas.

Sanciones legales ante apropiación de fondos

El delito de apropiarse de dinero destinado a actividades escolares puede acarrear hasta diez años de prisión, según establece la normativa vigente. Carlos Castillo, supervisor de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, explicó que el tesorero que decide quedarse con los fondos de la promoción incurre en una infracción grave, tipificada en el artículo 190, que contempla sanciones penales significativas.

Las investigaciones han revelado que, en muchos casos, los implicados incorporan el dinero recaudado a su patrimonio personal, lo que constituye una falta grave ante la ley. De comprobarse la responsabilidad, los acusados deben afrontar no solo penas privativas de libertad, sino también la obligación de resarcir el daño económico a las víctimas y cubrir una reparación civil.

Patrones de actuación y víctimas afectadas

Los reportes recibidos por las autoridades muestran que el fenómeno se repite con frecuencia en temporadas de cierre escolar, cuando los montos recaudados para fiestas o viajes resultan elevados. Padres y estudiantes, al confiar el dinero a tesoreros designados, se ven perjudicados ante la desaparición de los fondos y la imposibilidad de realizar las actividades planificadas.

Más de dos mil quinientas familias han presentado denuncias por este tipo de hechos en lo que va del 2025, según datos oficiales. El impacto de estas estafas no solo se traduce en pérdidas económicas, sino también en el desánimo de los estudiantes, quienes ven truncados sus proyectos de fin de curso por la falta de recursos.

Medidas de protección y supervisión

Para reducir el riesgo de apropiación ilícita, especialistas recomiendan la apertura de cuentas mancomunadas, donde varios miembros de la directiva tengan acceso y control sobre los movimientos financieros. Este sistema permite una mayor vigilancia y dificulta que una sola persona pueda disponer de los fondos sin autorización.

Además, conservar los comprobantes de depósitos y mantener registros claros de todas las transacciones facilita la detección de irregularidades y fortalece la transparencia. El seguimiento conjunto de los movimientos y la participación activa de los padres contribuyen a proteger el dinero destinado a las actividades escolares.

Restitución de fondos y consecuencias adicionales

La normativa obliga a los responsables de apropiación indebida a devolver el monto sustraído y a cubrir una reparación civil, en adición a la pena de prisión impuesta. Las sentencias buscan resarcir a las familias perjudicadas y garantizar que los fondos entregados para promociones sean restituidos en su totalidad.

Las autoridades insisten en la importancia de mantener mecanismos de control y alerta para evitar que se repitan estos incidentes. La vigilancia y la corresponsabilidad en la administración del dinero resultan esenciales para que los recursos lleguen a su destino y no se pierda la confianza en los procesos de organización escolar.