Robos de fondos escolares: tesoreros que sustraigan dinero de promociones podrían recibir cárcel

Ante el cierre del año escolar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) advirtió sobre las consecuencias penales para quienes, en calidad de tesoreros, retienen fondos recaudados para actividades estudiantiles, como viajes o ceremonias de graduación. Sheila Saboya, defensora pública de víctimas, explicó en el programa Consultorio Legal que apropiarse del dinero confiado para estos fines constituye el delito de apropiación ilícita, sancionado por el artículo 190 del Código Penal peruano.

En esta época del año, se reportan varios casos en los que los encargados de recaudar el dinero de los alumnos para las actividades de promoción sustraen el efectivo. Tal es el caso del colegio Santísima Trinidad, Cercado de Lima, donde la tesorera del aula de sexto grado desapareció con 20.000 soles recogidos para el paseo y la fiesta de promoción de más de treinta estudiantes.

Según testimonios, las versiones contradictorias a los padres, boletas manipuladas e incluso gastos en el videojuego Roblox alertaron a los padres. La situación generó indignación entre las familias, que organizaron un plantón frente al colegio después de confirmar que la suma desapareció y que la responsable dejó de responder a cualquier comunicación. Este caso expuso la falta de mecanismos de control y vigilancia en las gestiones de fondos escolares.

Durante su intervención, Saboya aclaró que el delito se configura incluso sin contrato formal, siempre que exista evidencia de que una suma fue entregada con una finalidad concreta. “Negarse a devolver el dinero o desaparecer con lo recaudado constituye un ilícito penal”, puntualizó Saboya, según el MINJUSDH. Según la normativa vigente para 2025, la pena para este delito varía entre dos y cuatro años de prisión, además de la obligación de restituir la suma sustraída.

Medidas preventivas para evitar fraudes

La especialista también recomienda a las asociaciones de padres adoptar medidas preventivas: manejar cuentas bancarias mancomunadas, exigir informes periódicos, evitar la gestión exclusiva de efectivo y formalizar acuerdos mediante actas firmadas por los involucrados. Saboya enfatizó la importancia de la prevención en estas fechas, en las que suelen incrementarse los robos y estafas. Además, sugirió que se realicen reuniones periódicas para auditar el estado de los fondos y que toda transacción quede registrada y respaldada.

El Ministerio recordó que ofrece orientación legal gratuita a través de la línea 1884 y en más de 402 sedes distribuidas en todo el país, facilitando el acceso a información y denuncia para las familias afectadas. Además, invitó a consultar el portal www.gob.pe/defensapublica para ubicar el local más cercano y recibir acompañamiento en caso de irregularidades con los fondos escolares. Este servicio busca garantizar que ninguna familia quede desprotegida frente a situaciones de estafa o apropiación indebida de recursos.

Indignación colectiva, documentos falsificados y total desaparición de los fondos marcaron el caso expuesto en Lima, ilustrando el riesgo real que enfrentan las comunidades educativas cuando no se aplican controles adecuados. La prevención y la denuncia oportuna resultan esenciales para proteger los recursos destinados a las experiencias educativas de los estudiantes. La vigilancia compartida y la transparencia en la gestión son herramientas clave para evitar que nuevas promociones se vean afectadas por situaciones similares.

El MINJUSDH ha reiterado que padres y estudiantes deben actuar con rapidez ante cualquier sospecha. Saboya sugiere solicitar antecedentes judiciales o policiales a quien asuma la tesorería, guardar comprobantes de depósito y toda comunicación vinculada al dinero, y exigir formalmente la rendición de cuentas.

Si la persona responsable persiste en el incumplimiento, la defensora aconseja presentar la denuncia ante la Policía o la Fiscalía. La especialista insistió en la importancia de documentar cada paso y de evitar acuerdos informales, para que las evidencias respalden cualquier proceso judicial o administrativo.