
Un menor de 17 años terminó gravemente herido luego de que un cartucho de dinamita explotara en su mano cuando, según la Policía, intentaba colocarlo en un negocio del distrito de Independencia, en la provincia de Pisco, región Ica. El hecho ocurrió el último viernes y activó un operativo policial que permitió su intervención inmediata, en medio de un contexto marcado por el incremento de extorsiones con explosivos en distintas zonas del país.
De acuerdo con información oficial, el adolescente fue trasladado de urgencia a un establecimiento de salud debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la detonación. Desde entonces, permanece hospitalizado y bajo custodia policial, mientras avanzan las diligencias a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Hipótesis policial y vínculo con red criminal dedicada a la extorsión

El general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que el adolescente estaría vinculado a la banda criminal conocida como “Los Explosiveros de Independencia”, organización presuntamente implicada en ataques contra viviendas y establecimientos comerciales mediante la colocación de explosivos. Según la hipótesis policial, el joven habría participado en otros hechos similares, todos relacionados con cobros extorsivos en el distrito.
La detonación del explosivo se habría producido de forma accidental cuando el menor manipulaba el artefacto frente al negocio. El estallido le ocasionó lesiones de consideración en una de sus manos, lo que alertó a vecinos de la zona y permitió la rápida intervención de agentes policiales. Personal especializado aisló el área para descartar la presencia de otros materiales peligrosos, mientras se recababan testimonios y evidencias en el lugar.
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Desde la PNP se informó que este es el décimo caso en lo que va del año en el que un adolescente es intervenido por delitos de extorsión con explosivos dentro de la jurisdicción de Ica. Las autoridades han reiterado que estas organizaciones criminales utilizan a menores para ejecutar acciones de alto riesgo, aprovechando su condición legal y la facilidad para desplazarse sin levantar sospechas.
En el plano legal, el adolescente será investigado por delitos contra la seguridad pública, específicamente por fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, además del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. Al tratarse de un menor de edad, el proceso se desarrollará bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que contempla medidas socioeducativas y, de corresponder, internamiento en un centro juvenil, según la gravedad de los hechos acreditados durante la investigación.
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Ejecutivo activa subsistema especializado para frenar extorsión, sicariato y secuestro
En medio de una crisis de inseguridad ciudadana, el Ejecutivo anunció la puesta en marcha de un subsistema especializado contra la extorsión, el sicariato y el secuestro, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los delitos violentos que afectan a diversas regiones. La iniciativa fue presentada tras una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y responde al avance sostenido de estas modalidades criminales, que hoy generan alta preocupación social y presión sobre las autoridades.
El nuevo mecanismo articula de forma directa a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con la finalidad de acelerar investigaciones y procesos judiciales. Según lo expuesto por el Ejecutivo, el subsistema priorizará zonas con mayor incidencia de estos delitos, como Lima, Trujillo y el norte del país, donde se concentra un número significativo de denuncias por extorsiones a comercios, ataques armados y amenazas sistemáticas. El modelo de trabajo se inspira en la experiencia del sistema de flagrancia, que ha permitido reducir tiempos en casos detectados en el acto.
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Desde la Presidencia del Consejo de Ministros se explicó que esta herramienta es posible gracias a las facultades delegadas por el Congreso en diciembre, las cuales habilitan la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (SEEDC). De acuerdo con lo señalado, el enfoque inicial no contempla grandes incrementos presupuestales, sino una optimización de los recursos existentes, especialmente en inteligencia policial, operativos focalizados y coordinación interinstitucional, en un escenario donde el Estado busca contener tanto a bandas organizadas como a extorsionadores que actúan de manera individual o en pequeños grupos.
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