Chicama decreta cinco días de duelo por asesinato de regidora en chocolatada y aprueba ayuda económica a heridos

El distrito de Chicama, en la provincia de Ascope, región La Libertad, decretó cinco días de duelo tras el asesinato de la regidora Elena Rojas durante una chocolatada por Navidad. Asimismo, el Concejo Municipal aprobó también la entrega de 2.000 soles a las personas que resultaron heridas en este incidente, siendo en su mayoría menores de edad.

El alcalde distrital, Edilberto Bada, confirmó que los fondos originalmente previstos para la celebración del aniversario político de Chicama serán destinados a brindar apoyo humanitario inmediato a los heridos, la mayoría de ellos niños y adolescentes.

“Parte de esos fondos lo vamos a destinar a este apoyo humanitario que necesitan nuestros niños y adolescentes caídos en este vandalismo”, explicó Bada a RPP Noticias.

Aprueban ayuda económica a heridos

El Concejo Municipal resolvió asignar recursos económicos a los afectados y anunció que acompañarán a la familia de la regidora en los gastos fúnebres. Isabel Gallardo Vigo, quien ejercía funciones en el concejo y era representante de la comunidad de Sauzal, manifestó que el ataque resultó doloroso e indignante para los habitantes y colegas, ya que la víctima había participado en sesión ordinaria poco antes de ser agredida.

“Es indignante ver que en una comunidad tranquila, humilde, haya pasado un hecho así tan lamentable y en el cual ha cobrado víctima a nuestra colega. Unas horas antes estábamos acá sentados compartiendo de una sesión ordinaria”, declaró.

Además, lamentó que entre los heridos hubiese menores que asistían por un juguete o una alegría y terminaron lesionados. “Yo creo que la justicia se debe de cumplir y deben pagar los culpables”.

El distrito de Chicama permanecerá en duelo mientras prosiguen las investigaciones y se refuerzan las muestras de rechazo a la violencia en la zona norte del país.

¿Quién era la regidora Elena Rojas?

Elena Rojas Alcalde desempeñó una labor de fiscalización que la convirtió en una figura incómoda para la administración municipal y diversos funcionarios. Era contadora pública y egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, con trayectoria partidaria en el Partido Aprista Peruano y Alianza para el Progreso.

Desde el inicio de su gestión, fue considerada opositora y mostró una actividad sostenida para denunciar presuntas irregularidades. Entre sus acciones más relevantes se encuentran la denuncia del direccionamiento de bienes y servicios hacia familiares de funcionarios y proveedores habituales, y el descubrimiento de dobles remuneraciones para personal de confianza. También, acusó a empleados de la municipalidad de apropiarse ilícitamente de combustibles, situación que originó investigaciones fiscales por peculado doloso.

Rojas informó de supuestas anomalías en la adjudicación y ejecución de obras públicas locales, como la piscina El Sauzal, el Paseo de las Aguas, la instalación de paneles solares y el Centro de Salud Alto Perú. Documentó además el caso de la obra de los baños de Llamipe, que fue contratada y pagada en 2024, pese a haber sido inaugurada el año anterior.

Recibió amenazas posteriores a varios atentados, incluyendo la colocación de un artefacto explosivo bajo su vehículo. Sin embargo, negó ser víctima de extorsión económica y sostuvo que la hostilidad y los ataques buscaban frenar su labor de control municipal.