
La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, mencionó que Fuerza Popular esperará a que el juez se pronuncie sobre el caso Cócteles. Aseguró que no demandarán al fiscal José Domingo Pérez, “Si es que vamos a accionar en contra del fiscal o en contra del sistema de parte de Keiko, ya ella ha sido muy clara en decir que no lo vamos a hacer. Si las otras partes procesales consideran viable hacerlo, pues están en todo su derecho”, afirmó en diálogo con Exitosa.
La letrada afirmó que el representante de la Fiscalía fue “arbitrario y lesibo a los derechos humanos”. “El Tribunal Constitucional y en una sentencia de la Corte Suprema Constitucional han sancionado la ilegal e inconstitucional actuación del Ministerio Público”, acotó.
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“Tres amparos, dos amparos y un habeas corpus fundado y un amparo fundado por la Corte Suprema. ¿Por actuación de quién? Por la indebida e inconstitucional actuación del Ministerio Público, no de las defensas, no del Tribunal Constitucional”, agregó.
La abogada recuerda que Domingo Pérez lleva el caso Cócteles desde hace muchos años. “En los casos en los cuales yo no he participado, no tengo la data exacta, pero sin duda debe de haber alguna de las sentencias para él”, dijo.
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Pide no aplicar el fallo del TC
Domingo Pérez solicitó al juez de investigación preparatoria nacional, Wilson Verástegui, que no aplique la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó anular el caso Cócteles, proceso judicial que involucra a Keiko Fujimori. Pérez argumentó que el fallo del TC parte de hechos que considera falsos, como la imputación a Fujimori por “receptación patrimonial” cuando, según la fiscalía, la acusación se presentó por “actos de conversión” en el delito de lavado de activos.
Durante una audiencia, Pérez afirmó que la existencia de datos incorrectos en la sentencia implica varias consecuencias. Sostuvo que la resolución del TC tendría un carácter político, además de ser prevaricadora, lo que podría originar responsabilidad por infracción constitucional en próximas legislaturas tras un proceso democrático. Para el fiscal, estos elementos justifican que la justicia ordinaria deje constancia de los vicios graves contenidos en el fallo.
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El fiscal sostuvo también que un juez puede decidir no cumplir la sentencia del TC si identifica vicios graves y premisas falsas. Pérez resaltó la independencia del juez Verástegui y le pidió que no actúe solo como un conducto del Tribunal Constitucional. Para el fiscal, el papel del magistrado requiere analizar la existencia de errores sustanciales antes de ejecutar el mandato del TC.
Pérez propuso alternativas en caso de que el juez optara por no aplicar la sentencia. Solicitó expresamente que no se convierta en “mesa de partes” del TC. En el escenario en que sí acate la orden, pidió que se devuelva la carpeta fiscal del caso a la fiscalía, ya que, según la interpretación de Pérez, la anulación de todas las actuaciones judiciales y fiscales privaría al Poder Judicial de competencia sobre el caso.
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La defensa de Keiko Fujimori respondió cuestionando los argumentos del fiscal. Loza sostuvo que la sentencia del Tribunal Constitucional es definitiva y debe cumplirse en todos sus términos. Alegó que no existe sustento penal en el caso, ya que el mismo TC estableció que no se le puede atribuir lavado de activos ni organización criminal a Fujimori.
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