JEE concluye que Roberto Sánchez faltó a la neutralidad electoral al usar empleados de su despacho en actos proselitistas

El Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 concluyó que el congresista Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú, habría vulnerado el principio de neutralidad electoral en el contexto de las Elecciones Generales 2026. Según el informe de fiscalización emitido en diciembre de 2025, dos trabajadores del despacho parlamentario participaron en actividades proselitistas, en horario laboral, fuera del penal de Barbadillo, hecho que fue expuesto a través de un reportaje de Cuarto Poder.

“En el marco de las Elecciones Generales 2026, lo detectado en el exterior de las instalaciones del Establecimiento Penitenciario Barbadillo ubicado en el distrito de Ate, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, conforme los fundamentos expuestos en el capítulo análisis del presente informe", se lee en el documento.

El documento del JEE sostiene que Gian Marco Castillo Gómez y Ernesto Zunini Yerren, empleados del despacho de Sánchez, utilizaron tiempo y recursos públicos para promover la candidatura presidencial de su superior. Para la autoridad electoral, estos comportamientos constituyen una infracción grave, pues contravienen el marco normativo referente a la imparcialidad de los funcionarios durante la campaña, con posibles consecuencias administrativas y penales.

Tras la emisión del reportaje, Sánchez negó cualquier uso indebido de recursos del Estado y aseguró que los trabajadores contaban con licencia sin goce de haber durante la fecha señalada. En declaraciones a Canal N, el parlamentario calificó el acto como ejercicio de derechos individuales, respaldado por la normativa y por registros oficiales del Congreso.

Consideraciones del JEE sobre infracción de Roberto Sánchez

El análisis jurídico presentado por el coordinador de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1, Carlos Rodríguez Laveriano, a la presidenta del JEE, Patricia Nakano, se basa en la observancia de la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento sobre Propaganda Electoral y Neutralidad.

El informe detalla que los hechos detectados —la presencia de dos trabajadores remunerados por el Congreso participando activamente en actos proselitistas vinculados a Juntos por el Perú en el penal de Barbadillo— suponen uso indebido de recursos públicos y transgresión al principio de neutralidad exigido a autoridades y funcionarios durante el proceso electoral.

La fiscalización corroboró estas actividades mediante videos, registros de asistencia y consultas al portal de transparencia del Congreso, evidenciando la condición laboral de Gian Marco Castillo como coordinador y Ernesto Zunini como técnico en el despacho del congresista. El JEE remarcó que destinar personal estatal, en horario laboral, a funciones partidarias constituye no solo una falta electoral, sino un posible delito de peculado de uso, según el artículo 387 del Código Penal.

El informe establece que la infracción se agrava por la triple condición de Sánchez: congresista, apoderado partidario y candidato presidencial, lo que incrementa la obligación de actuar con total imparcialidad.

Rodríguez Laveriano recomendó trasladar el caso al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para determinar eventuales responsabilidades fuera del ámbito electoral. Además, sugirió elevar el informe al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 para que actúe según sus atribuciones y la normativa vigente.

Sánchez niega haber usado recursos públicos con fines políticos

En respuesta a la controversia, Roberto Sánchez defendió su gestión y la participación de los trabajadores involucrados ante Canal N, resaltando que la actividad política se realizó fuera del marco laboral oficial. "Ningún trabajador generó gasto estatal; todos contaban con licencias sin goce de haber para ese día", afirmó el parlamentario, quien añadió que puede acreditarse con los registros de asistencia del Congreso.

Sánchez argumentó que la presencia de Gian Marco Castillo, tanto por sus vínculos familiares con el expresidente Pedro Castillo como por su rol en el despacho, estaba estrictamente regulada y no contravenía ningún impedimento legal.

“El derecho al trabajo es constitucional, y la contratación de Castillo obedece a su perfil profesional”, sostuvo. El candidato presidencial también cuestionó la cobertura periodística, al señalar que la información difundida no presentó pruebas documentales sobre un uso irregular de recursos estatales.

El legislador subrayó que las tareas políticas realizadas por sus colaboradores fueron desarrolladas durante licencias gestionadas conforme a la normativa interna y que su propio desempeño en semanas de representación responde a permisos similares. "Cumplo la ley y el debido proceso en la administración del personal asignado a mi despacho", expresó Sánchez.

Trabajadores del Congreso acompañaron a Sánchez a actos proselitistas

El reportaje emitido por Cuarto Poder y la Unidad de Investigación de América Noticias presentó imágenes de Gian Marco Castillo y Ernesto Zunini en las inmediaciones del penal de Barbadillo, escenario de múltiples manifestaciones a favor del expresidente Pedro Castillo, quien cumple condena por conspiración para la rebelión. En las grabaciones se observa a ambos trabajadores sosteniendo banners y banderas de Juntos por el Perú junto al congresista Roberto Sánchez.

La investigación periodística indaga además en los antecedentes laborales y familiares de los involucrados. Castillo, como sobrino de Pedro Castillo y bajo comparecencia judicial por presuntos delitos vinculados a corrupción, fue señalado por recibir un salario mensual de 3,146 soles como coordinador del despacho. Zunini, también dirigente del partido y aspirante al Congreso, aparece en la nómina oficial percibiendo siete mil soles mensuales. Ambos rechazaron hacer comentarios directos, aduciendo la necesidad de permisos institucionales para declarar.

El informe periodístico expone, a partir de registros oficiales y testimonios, que la participación de estos funcionarios no solo se circunscribe al apoyo proselitista en beneficio de Sánchez, sino que también conecta con otras figuras del entorno del expresidente, como Irma Castillo, hermana de Pedro Castillo, contratada en la municipalidad de Lurigancho Chosica y detectada en actividades partidarias durante el horario laboral.