El plazo de los transportistas al gobierno venció y aún evalúan un paro de 48 horas en Lima y Callao

La tensión aumenta en Lima y Callao con la inminente expiración del plazo otorgado por el gremio de transportistas al gobierno para obtener respuestas concretas ante la inseguridad, a través de la presentación de un plan maestro para frenar las extorsiones.

Hoy, martes 16 de diciembre, se cumple el plazo de siete días hábiles fijado por los transportistas formales, quienes decidirán en una reunión clave si ejecutan un paro de 48 horas, medida que podría afectar a millones de usuarios.

El ultimátum fue planteado la semana anterior por representantes del sector, quienes exigieron al gobierno de José Jerí y a las principales autoridades del país un plan efectivo frente a la ola de extorsiones y violencia que afecta diariamente a los trabajadores y pasajeros.

El sector, integrado especialmente por empresas de los conos urbanos, ya denunció la intensificación de los ataques delictivos, situación que los obliga a invertir en medidas excepcionales de seguridad y modificar sus operaciones habituales.

Martín Ojeda, vocero del gremio Transportes Unidos, advirtió en declaraciones a 24 Horas que si la reunión programada para el martes no arroja soluciones inmediatas y verificables, la convocatoria al paro será inminente: “Nosotros no hemos nacido para hacer paros, pero tampoco hemos nacido para transportar bajo el riesgo de la vida por sicarios. Que lo tengan claro”.

Una crisis de seguridad

El panorama para el sector ha empeorado durante el último año. A La Noticia TV, Martín Ojeda afirmó que “este año asesinaron a 69 choferes de buses y unos 300 mototaxistas” en el ámbito del transporte formal de Lima y Callao.

Tres de cada cuatro empresas formales estarían siendo víctimas de extorsión—una proporción alarmante, señaló el representante—sin que el estado de emergencia vigente haya logrado frenar estos delitos. “El mensaje que están dando es que el estado de emergencia no funciona”, agregó.

La persistencia y severidad de la criminalidad ha forzado a empresas como Vipusa, en el distrito de Ancón, al norte de la capital peruana, a blindar el 60% de su flota con cabinas cerradas, puertas metálicas, y ventanas reforzadas.

Las unidades suman además placas adicionales y zonas críticas protegidas, en una transformación acelerada que ha elevado el costo operativo e impacta la rutina laboral de choferes y cobradores. Los trabajadores relataron al medio que usar chalecos antibalas se ha tornado indispensable para sobrevivir en las rutas más riesgosas.

Medidas de protección

La inversión en seguridad se volvió prioritaria para los transportistas. De un reporte de 24 Horas, se desprende que cada bus blindado implica un gasto promedio de S/3.000 por unidad, monto asumido por las propias empresas.

Por el momento, el precio del pasaje no ha sido modificado, aunque, según directivos de la compañía, cualquier variación en las tarifas dependerá de la evolución económica de la empresa y las condiciones de los usuarios.

La Noticia TV también recogió las preocupaciones del gremio Transportes Unidos por la falta de resultados de operaciones policiales y la necesidad de reformas estructurales.

Ojeda citó la cifra de “unas 380 empresas, unas 22,500 unidades y 40,000 conductores”, de las cuales la mayoría soporta amenazas diarias.

En ese sentido, lamentó la complicidad ocasional de policías vinculados a delitos, y abogó por medidas drásticas, como incrementar las capturas y endurecer las sanciones, a la vez que pidió un aumento de recursos públicos para combatir a las bandas que buscan el control territorial de las rutas.

Expectativa

Mañana, cuando vence el plazo, está programado un encuentro entre representantes del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía con delegados del gremio.

Esta sería la cuarta ocasión en el año en que los transportistas de este gremio acatan una medida extrema, tras paros anteriores, ante la percepción de que las muertes, amenazas y asaltos se han convertido en hechos habituales dentro de la actividad.

“La solución es que el Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público hagan respetar la Constitución y dé la seguridad del caso con los procedimientos que la ley les otorga. Lamentablemente eso no está sucediendo”, manifestó Ojeda a La Noticia TV.

Además, el dirigente sostuvo que “esperemos que se dé esta reunión con algunas salidas y de esta manera evitar un paro que ya sencillamente nos preocupa”.

La incertidumbre persiste sobre el desenlace de la cita del martes. No existe certeza respecto a la fecha de inicio del paro, ya que dependerá del resultado de la reunión, aunque la opción de una paralización a partir del miércoles 17 de diciembre no ha sido descartada por los gremios convocantes.

Entretanto, otras compañías del sector observan y replican medidas de resguardo, mientras se refuerza el llamado por una respuesta estatal, en un contexto atravesado por las amenazas reiteradas y la proximidad de las fiestas navideñas.