Congreso otorga facultades al gobierno de José Jerí para dictar decretos en economía: ¿qué reformas podrá implementar el MEF?

El Gobierno de José Jerí ya cuenta formalmente con facultades legislativas especiales tras la publicación en El Peruano de la Ley N° 32527, que le delega poderes para legislar en temas de seguridad ciudadana, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por un periodo de sesenta días.

Esta norma, aprobada y promulgada el 14 de diciembre, establece un marco excepcional para que el Ejecutivo, desde varios ministerios, como el de Economía y Finanzas (MEF), adopte medidas urgentes y específicas en un contexto de demandas sociales y económicas crecientes.

El gobierno de José Jerí recibe facultades legislativas especiales: foco en la economía

El capítulo de crecimiento económico responsable incluye una serie de herramientas legales para acelerar reformas tributarias, aduaneras y de inversión pública y privada, que desde ahora podrán ser implementadas por el despacho de la ministra Denisse Miralles. Según el texto de la ley, el Ejecutivo podrá legislar sobre:

• Prevención y sanción de fraude tributario y aduanero: Se permitirá modificar el sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT), el régimen de percepciones del IGV y fortalecer el marco penal tributario en respuesta a nuevas modalidades de evasión, incluyendo la manipulación de comprobantes electrónicos y fondos retenidos.
• Control de subvaluación y contrabando: Se habilita al gobierno para establecer procedimientos especiales contra la subvaluación de mercancías en aduanas, así como la posibilidad de aplicar multas en vez de comiso en el tránsito internacional de bienes no manifestados, modernizando la Ley General de Aduanas.
• Mejor gestión de tierras e infraestructura: La ley autoriza la modificación de la Ley de Adquisición y Expropiación de Inmuebles a favor de liberar áreas para la ejecución rápida de proyectos de infraestructura, un aspecto clave para destrabar inversiones públicas y privadas.
• Reforma del sistema de inversión público-privada (APP): Se abre la puerta a precisar y fortalecer competencias del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, optimizando así el marco para asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
• Flexibilización de percepciones y transferencias: Se podrán precisar supuestos excepcionales para la aplicación de percepciones del 10% en importaciones, y modificar la operatividad del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE), permitiendo la transferencia de fondos recaudados a nuevos actores para conservación ambiental.
• Impulso al patrimonio y turismo: El Ejecutivo podrá crear un nuevo marco para promover inversiones privadas en bienes del patrimonio cultural de la nación y en actividades y servicios culturales, derogando normas previas que restringían la promoción turística en estos bienes.
• Desarrollo de infraestructura hídrica: Se habilita la creación de instrumentos extraordinarios para acelerar la evaluación ambiental de proyectos hidráulicos prioritarios, clave para enfrentar el déficit hídrico y asegurar la sostenibilidad alimentaria.
• Defensa de la competencia y protección al consumidor: Se autoriza la eliminación de barreras en medidas cautelares relacionadas a prácticas anticompetitivas y la ampliación de disposiciones para proteger los derechos del consumidor en el comercio digital, incluyendo obligaciones para proveedores no domiciliados y medidas contra prácticas coercitivas en plataformas online.
• Modernización del Estado y sistemas de focalización social: Entre las competencias delegadas figura la modificación de sistemas presupuestarios, educativos (reconocimiento de aprendizajes previos para facilitar inserción en educación técnica), y de articulación institucional para la atención de la primera infancia.

MEF: Ley habilita reformas tributarias y aduaneras para combatir evasión y contrabando

La delegación de facultades está sujeta a estrictos controles: los decretos legislativos que se aprueben no podrán vulnerar competencias de otros poderes del Estado, gobiernos subnacionales, entidades autónomas ni derechos fundamentales.

Además, toda medida que implique gasto adicional deberá ejecutarse con el presupuesto ya aprobado para cada sector. El Ejecutivo tendrá que informar al Congreso sobre los avances en la implementación de las medidas, y la Contraloría supervisará el estricto cumplimiento de la ley.

Durante los próximos dos meses, el gobierno tendrá vía libre para dictar normas en estos frentes. La expectativa es que este paquete extraordinario sirva para dinamizar la economía, aumentar la protección al consumidor y facilitar inversiones, en un escenario de alta volatilidad política y urgencias presupuestarias nacionales.