La deuda pendiente del Perú: educación de jóvenes y adultos

A pocos meses de una nueva contienda electoral, el debate sobre educación vuelve a escena. Se repiten promesas y diagnósticos, pero persiste un gran ausente: la educación de personas jóvenes y adultas decisiva para la productividad del país. Un grupo clave para el presente y el futuro del país que, sin embargo, sigue fuera del foco.

En el Perú, más de 8 millones de personas mayores de 15 años no han concluido la educación básica. Detrás de esta cifra hay trayectorias interrumpidas y oportunidades perdidas. El impacto se refleja en el ámbito laboral juvenil: la tasa de desempleo entre jóvenes de 18 a 29 años alcanza el 11,3%; 2,4 millones trabajan en la informalidad; y más de 1,17 millones de personas entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. No es solo una estadística: es capital humano que el país deja pasar.

A ello se suma un desafío menos visible, pero decisivo: el reconocimiento de los aprendizajes previos. Muchas personas han aprendido fuera del aula, en el trabajo o en sus comunidades, pero no pueden certificar esos saberes. Sin acreditación, quedan al margen del sistema educativo, del mundo técnico-productivo y de mejores oportunidades laborales. Aunque existen iniciativas de diferentes sectores para convalidar estos aprendizajes, la diversidad cultural y territorial del Perú exige respuestas más integrales.

Invertir en la educación de jóvenes y adultos no es solo una cuestión de equidad, también es una decisión estratégica. La UNESCO, en su informe El precio de la inacción, advierte que no hacerlo genera altos costos sociales y económicos, además de impactos como la expansión del grupo NINI, inseguridad ciudadana, corrupción y el aumento de embarazos adolescentes. A ello se suma el rezago del Perú en productividad frente a otros países de la región, sin un sistema de formación laboral que promueva la capacitación continua, señalado por el BID y la OIT.

La pregunta, entonces, no es si este tema importa, sino cómo abordarlo. Reconocer trayectorias educativas reales —incluidas aquellas construidas fuera de la escuela— y ofrecer alternativas flexibles y pertinentes a los territorios es un punto de partida. Hoy existen políticas y proyectos con horizonte al 2050, pero sin un sistema especializado para jóvenes y adultos, los esfuerzos siguen dispersos.

En este contexto, el Grupo Impulsor de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas ha impulsado un proyecto de ley que plantea la creación de un sistema nacional para reconocer, articular y acreditar los aprendizajes de las personas desde los 15 años en adelante. Más allá de su curso legislativo, la iniciativa vuelve a abrir una discusión postergada: cómo integrar los saberes adquiridos a lo largo de la vida en trayectorias educativas y laborales reales.

Invertir hoy en jóvenes y adultos no es una consigna. Es reconocer que el aprendizaje no termina en la adolescencia ni se limita a la escuela y que un país más inclusivo y productivo se construye cuando todas las personas pueden aprender, crecer y aportar, sin importar su edad.