La inhabilitación por diez años de Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, generó una ola de pronunciamientos entre los principales actores políticos del Congreso y su entorno inmediato. La polémica decisión, adoptada tras una votación de reconsideración, provocó mensajes de apoyo y duras críticas, pero también celebraciones desde el más alto sector del Parlamento.
El presidente del Poder Legislativo, Fernando Rospigliosi, no solo saludó la medida, sino que empleó duros calificativos contra la fiscal, a quien acusó de “amenazarlos con represalias”. “¡Sancionada! La desquiciada ex fiscal Delia Espinoza, que hoy día amenazó con represalias a los congresistas si votaban por la sanción, ha sido inhabilitada diez años por el Congreso!”, escribió.
El legislador Alejandro Aguinaga opinó en el mismo sentido: “De nada le valió el tono agresivo ni sus expresiones mesiánicas de que va a regresar ni el apoyo de la maquinaria caviar; al final, la fiscal DELIA ESPINOZA fue inhabilitada por el Pleno del y no podrá ejercer ningún cargo público durante 10 años. Terminó declarándole la guerra a todo el mundo, menos a sus protegidos. El desacato a la ley por simple motivación política en sus actos quedó evidenciado. Y, sí, la opinión pública nacional e internacional evaluará cómo asumió el cargo y cómo pretendió aferrarse al cargo para continuar sometiendo a esta importante institución a los criterios de los caviares y del IDL”.
En contraste, la parlamentaria Susel Paredes aseguró que se ‘presionó’ para revertir el rechazo inicial a la medida. “¡Se trató siempre de eliminar a una mujer valiente y capaz para ponerse del lado de la que plagió su tesis y así seguir controlando la justicia!”, sostuvo.
Por su parte, Sigrid Bazán denunció motivaciones políticas detrás de la decisión: “La mayoría congresal vuelve a demostrar su objetivo de romper el equilibrio de poderes y tomar las instituciones que le son incómodas. La inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza es un despropósito jurídico, fundamentado únicamente en la venganza política”.
En la misma línea, Flor Pablo vinculó la sanción a un escenario de control institucional y denunció un presunto asalto al Ministerio Público: “Lograron el regreso de Patricia Benavides, lograron el regreso de Tomás Gálvez, que ahora es el fiscal de la Nación, está a punto de regresar Luis Arce Córdova, vinculado al caso Cuellos Blancos, y ahora han sacado a Delia Espinoza”.
Calificó la decisión congresal de venganza política e insistió que Espinoza no firmó ni visó el cuestionado reglamento por el que se le ha inhabilitado. “Por esa misma acusación no inhabilitaron a los otros fiscales supremos, ni siquiera al que sí lo firmó. Pero a ella sí porque en su gestión se abrieron más de 100 carpetas fiscales a congresistas. No se lo han perdonado. El pacto ya tiene la JNJ, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y ahora tiene el Ministerio Público. Que el país recuerde quiénes cometieron este atropello a la hora de votar”, sentenció.
Desde la defensa de Espinoza, el abogado Rodolfo Pérez calificó la reconsideración de ‘tramposa’ y aseguró que no solo ‘trajeron’ congresistas para revertir la decisión, sino que “a otros los coaccionan a cambiar su voto”. “Están imponiendo como sea una decisión ilógica, inconstitucional y arbitraria”, agregó.
¿Por qué inhabilitaron a Delia Espinoza?
La inhabilitación de Delia Espinoza por parte del Congreso responde a la acusación de haber respaldado la elaboración del reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, el cual presuntamente contravenía la Ley 32130.
Los congresistas que promovieron la denuncia sostienen que Espinoza, junto a otros fiscales supremos, intervino en la aprobación de un documento considerado irregular, lo que derivó en la imputación de infracciones constitucionales y la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Sin embargo, informes oficiales desmienten que el reglamento haya sido debatido o aprobado por la Junta de Fiscales Supremos y responsabilizan de su emisión al entonces fiscal interino Juan Carlos Villena. A pesar de la falta de pruebas directas sobre su participación, el Congreso decidió sancionar a Espinoza, mientras los demás fiscales señalados en la denuncia fueron salvados.
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