La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su profunda preocupación ante el debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República sobre el dictamen que propone ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta medida también contempla la reincorporación de miles de mineros informales previamente excluidos del proceso de formalización.
De acuerdo con el gremio empresarial, esta propuesta representa un serio retroceso en la lucha contra la minería ilegal, al otorgar un nuevo margen de tolerancia a actividades que, bajo el amparo del Reinfo, han operado sin cumplir con los estándares legales, ambientales y laborales establecidos.
“La ampliación del Reinfo, lejos de promover una formalización efectiva, consolida un sistema que ha sido aprovechado por actores ilegales para continuar con operaciones que causan graves daños sociales y ambientales”, señaló la Confiep mediante un comunicado oficial.
Prórrogas no impulsan formalización
El Reinfo fue creado como un mecanismo temporal para facilitar la transición de los pequeños mineros y mineros artesanales hacia la formalidad. Sin embargo, la Confiep recordó que las sucesivas prórrogas desde su creación no han logrado ese objetivo, sino que, por el contrario, han permitido que operadores vinculados a la minería ilegal se mantengan activos.
“El registro se ha convertido en una herramienta distorsionada que muchos utilizan para simular un proceso de formalización, mientras continúan explotando zonas prohibidas, afectando ecosistemas frágiles y promoviendo economías informales”, advierte la institución.
En ese sentido, el gremio empresarial considera que prolongar nuevamente su vigencia enviaría una señal equivocada al mercado y a la ciudadanía, al legitimar prácticas que no cumplen con los requisitos técnicos ni ambientales.
Riesgos para la seguridad y el medio ambiente
La Confiep también alertó sobre los efectos colaterales que podría generar la extensión del Reinfo, especialmente en materia de seguridad ciudadana y estabilidad social. Según el gremio, las actividades ilegales asociadas a la minería informal están directamente relacionadas con delitos graves como la trata de personas, el lavado de activos, la deforestación masiva y la violencia organizada en regiones donde el Estado mantiene una débil presencia institucional.
Además, el comunicado subraya que esta situación perpetúa condiciones laborales precarias para miles de trabajadores, quienes se desempeñan sin acceso a derechos fundamentales como la seguridad social, la protección frente a riesgos laborales y la cobertura de salud.
“Las prórrogas indefinidas del Reinfo no solo atentan contra la formalización, sino que profundizan la vulnerabilidad de quienes participan en estas actividades, limitando sus oportunidades de progreso y manteniéndolos al margen de la legalidad”, añadió la entidad empresarial.
Compromisos internacionales
Otro punto que destacó la Confiep es el impacto negativo que una nueva prórroga podría tener sobre la credibilidad internacional del Perú. La organización recordó que el país ha asumido compromisos en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, promovida por la Comunidad Andina (CAN). Una extensión del Reinfo contravendría dichos acuerdos y podría acarrear sanciones o restricciones comerciales.
De acuerdo con el pronunciamiento, el incumplimiento de estas obligaciones afectaría gravemente la canasta exportadora nacional, especialmente la de las micro, pequeñas y medianas empresas (mypes) vinculadas a sectores que dependen de la reputación internacional del Perú como proveedor responsable. “La pérdida de confianza en los mercados internacionales tendría consecuencias directas sobre la competitividad y el acceso a nuevos tratados comerciales”, advirtió la Confiep.
Formalización minera real y sostenible
Ante este panorama, la Confiep insistió en la necesidad de implementar una verdadera política de formalización minera basada en reglas claras, plazos definitivos, trazabilidad y una supervisión efectiva del Estado. Además, planteó que la estrategia debe sustentarse en la articulación entre el sector público, las comunidades locales y el sector privado, con el fin de promover actividades extractivas sostenibles y responsables.
“Formalizar no significa extender plazos sin control, sino establecer un marco técnico y legal que garantice el respeto a los derechos laborales, el cuidado del ambiente y la transparencia en la cadena productiva”, destacó la organización. Para ello, el gremio propone reforzar la fiscalización ambiental, fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos regionales y priorizar el cierre progresivo de operaciones ilegales en zonas de alto impacto ecológico.
Llamado de responsabilidad
Finalmente, la Confiep exhortó al Congreso de la República a actuar con responsabilidad y priorizar el interés nacional durante el debate legislativo. El gremio subrayó que el país no puede retroceder en la lucha contra la minería ilegal ni poner en riesgo los avances institucionales logrados en materia de sostenibilidad y legalidad.
“El Perú necesita fortalecer su institucionalidad y asegurar que el crecimiento económico avance de la mano con la legalidad, la seguridad y la preservación del medio ambiente”, concluyó el comunicado. Para la Confiep, la decisión del Parlamento marcará un precedente determinante sobre el rumbo que tomará el país en su esfuerzo por consolidar una minería formal, segura y competitiva.
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