El abogado Elio Riera, defensor del expresentador de televisión Andrés Hurtado, se presentó este jueves como apoderado legal de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, quien volvió a prisión preventiva recientemente por estar implicada en la misma trama de tráfico de influencias y sobornos.
En diálogo con Willax, Riera confirmó que asumió la defensa de la magistrada, quien se entregó a la justicia el último martes, luego de que el juez supremo Juan Carlos Checkley dispusiera su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
El letrado señaló que, debido a que actualmente postula al Congreso por Alianza Para el Progreso (APP), en caso de resultar electo “no podría continuar” como abogado de ambos a partir de julio del próximo año.
El pasado 30 de octubre, Checkley ordenó la excarcelación de la fiscal tras concluir que no existían suficientes elementos que acreditaran riesgo de fuga u obstrucción del proceso, motivo por el cual abandonó el penal anexo de mujeres de Chorrillos.
Sin embargo, la fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó declarar nula la excarcelación. Según el Código Procesal Penal, este pedido debe resolverse antes de concretar la libertad, por lo que el juez modificó su decisión y dispuso que la salida solo proceda cuando la medida cuente con consentimiento y quede firme.
En ese contexto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria comunicó la decisión a la Unidad de Servicios de Soporte a la Función Fiscal (UDEFIS), al Registro de Requisitorias del Poder Judicial y a Interpol, con el objetivo de activar la búsqueda de la magistrada.
Riera explicó que la situación de su patrocinada podría resolverse “dentro de los próximos 30 días” y expresó su expectativa por un pronunciamiento favorable. “La doctora Peralta se encuentra con una salud deteriorada al momento de ingresar. Tiene problemas físicos, locomotores, eso es de público conocimiento. Se ha podido advertir incluso cuando ingresa a prisión”, declaró.
Añadió que la fiscal “pudo haberse escondido, asilado o ido, pero dio la cara y regresó”, una situación que, bajo su mirada, sienta “un precedente importante a tomar en cuenta”.
Según la investigación, Peralta fue presentada por Hurtado a empresarios dedicados a la compraventa de oro, presuntamente ilegal, con el objetivo de recuperar un cargamento de 100 kilos incautado y para iniciar un proceso judicial contra un rival comercial.
Iván Siucho, uno de los procesados, declaró como colaborador eficaz que el exconductor actuó como intermediario de Peralta y que, durante una reunión en 2021, la propia magistrada solicitó 100.000 dólares para abrir una causa por lavado de activos contra los representantes de la empresa Paltarumi.
A raíz de las denuncias, que se extienden hacia funcionarios de distintas entidades públicas, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial anunció también el inicio de procesos disciplinarios contra la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal, y de la jueza Paola Valdivia por supuestas inconductas procesales.
En una audiencia de octubre pasado, Peralta solicitó la revocatoria de su prisión preventiva al alegar que su salud se deterioró durante el encarcelamiento y que perdió a su madre estando detenida. Además, negó la existencia de riesgo procesal y justificó los ingresos que registra en su cuenta bancaria.
El Poder Judicial había ordenado excarcelarla por falta de riesgo de fuga, pero la Fiscalía Suprema solicitó declarar nula la medida, dejando su libertad condicionada a la resolución definitiva del pedido
“Yo necesito urgentemente un tratamiento para mis terapias, que las he perdido. Pero yo, doctor, por favor, le suplicaría que declare fundada mi revisión. El hecho de haber perdido a mi madre acá en prisión me afectó mucho. Nunca pensé que me iba a afectar tanto el fallecimiento de mi madre”, mencionó.
Encarcelado
Hurtado fue libertado por el Poder Judicial, pero el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que continuará en prisión debido a una segunda orden de prisión preventiva vigente hasta marzo de 2026 por una investigación distinta, relacionada con cohecho pasivo específico.
La primera medida preliminar, dictada en diciembre de 2024 por tráfico de influencias, venció en septiembre último y motivó la orden de excarcelación, sin embargo, la existencia de otro mandato judicial impidió su liberación.
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