
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, intensificó su intervención en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto al remover, hace poco más de una semana, a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, quien lideraba la Fiscalía Suprema encargada del emblemático proceso. Esta decisión se formalizó a través de la resolución 3343-2025-MP-FN publicada el 31 de octubre en El Peruano.
Según el documento, la remoción se fundamentó en la transmisión de información relativa al caso de “un fiscal supremo” a una fiscal provincial del Equipo Especial Cuellos Blancos, argumento presentado por Gálvez para justificar el relevo de Delgado. Sin embargo, el expediente revela que el propio Tomás Gálvez era el fiscal supremo bajo investigación sobre quien se solicitó y remitió la información cuestionada.
La medida de Gálvez no se limita al cambio personal: ahora también busca desactivar el Equipo Especial Cuellos Blancos tanto en su nivel superior como provincial, lo que representa un posible golpe definitivo a la estructura que ha venido investigando una de las redes de corrupción más relevantes del sistema judicial peruano. La sucesión de decisiones de Gálvez profundiza las dudas sobre la independencia y el futuro de las investigaciones en torno a la organización conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto.
La investigación contra Gálvez es por presunto cohecho (sobornos). Se investiga su nombramiento como fiscal supremo donde habría intervenido la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto para garantizar que consiga la plaza. Epicentro TV publicó esta semana un extracto de la declaración del exconsejero Iván Noguera que revela presuntas presiones para favorecer a Gálvez en el concurso.
La fiscal provincial requirió la información a la Primera Fiscalía Suprema Especializada, a cargo de Elena Carolina Delgado, porque guardaría relación con la investigación por organización criminal contra José Luis Castillo Alva ‘Pepelucho’, amigo y exabogado de Gálvez. Justamente, ambos, Gálvez y ‘Pepelucho’ fueron captados manteniendo una reunión privada en agosto de este año, antes de que el primero asuma como fiscal de la Nación interino.

El pedido de información de una Fiscalía Provincial a un Despacho Supremo no implica una invasión de competencias ni mucho menos significa que un fiscal provincial esté investigando a un aforado, tal como sugiere Tomás Gálvez en su resolución. Incluso esta colaboración entre despachos está prevista en el Código Procesal Penal. Sin embargo, el fiscal de la Nación interino fuerza la situación a fin de tener una excusa para sacar a Delgado.
“El señor Fiscal de la Nación (i) no sólo ocupa el rol de investigado en el procedimiento que motivó mi actuación, sino que además interviene en la decisión de mi remoción. Tal circunstancia plantea un conflicto de intereses claro y manifiesto, pues la misma persona que podría verse afectada por las investigaciones es quien propicia o aprueba el cese del fiscal a cargo de las mismas”, advierte la removida exfiscal suprema en su escrito que envió a la Junta de Fiscales Supremos, el mismo al que accedió Infobae.
El caso de la fiscal Alejandra Cárdenas
En el documento también se revela un dato desconocido hasta el momento y que podría explicar la remoción injustificada de la abogada Alejandra Cárdenas del cargo de fiscal adjunta suprema a pesar de tener más de 5 años de experiencia en este puesto.
Resulta que a Alejandra Cárdenas se le había encargado elaborar, en un plazo de 3 días, la acusación de la denominada carpeta “madre” del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, contra el prófugo César Hinostroza y los exconsejeros del podrido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Inició esta tarea el 30 de octubre, pero un día después Tomás Gálvez dispone su cese y regreso al distrito fiscal de Arequipa.
Gálvez usa como excusa para remover la supuesta necesidad de reestructurar la Primera Fiscalía Suprema Especializada. No obstante, la única fiscal adjunta suprema que retiró fue Cárdenas. Los otros tres fiscales adjuntos supremos que integran esta Fiscalía continúan.
“La remoción de la mencionada fiscal adjunta suprema carece de causa objetiva, razonable y debidamente motivada, toda vez que la magistrada se encontraba promovida de manera regular y venía desempeñando sus funciones con solvencia, responsabilidad y resultados verificables. El retorno a su plaza de origen no solo resulta carente de justificación legal y funcional, sino que además contraviene los principios de estabilidad, mérito y continuidad del servicio fiscal, generando un precedente institucional negativo que debilita la carrera fiscal”, protesta la exfiscal suprema Elena Delgado en su documento.

Todo hace indicar que la remoción habría sido planeada con anticipación. El mismo día que se publicó la resolución, Tomás Gálvez tomó juramento a la fiscal suprema provisional que designó en reemplazo de Delgado. Esta es Lourdes Bernardita Téllez Pérez, señalada como cercana al condenado exfiscal Pedro Chávarry, aunque ella lo ha negado en entrevistas. Según fuentes de Infobae, Téllez acudió ese mismo día al Despacho Supremo y no se habría permitido a las fiscales removidas retirar sus objetos personales.
El siguiente objetivo: los equipos especiales
Tomás Gálvez siempre ha tenido una ojeriza con los equipos especiales. Cuando era fiscal supremo antes de ser destituido por la JNJ, cuando estuvo fuera del Ministerio Público y ahora que ha regresado al cargo por una sentencia del Tribunal Constitucional. Ha sido constante en ello.
El nuevo objetivo de Gálvez en su interinato es acabar con los equipos especiales, como de Lava Jato, contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y de Los Cuellos Blancos del Puerto.
A fines de setiembre ya había manifestado su intención de hacerlo, pero no fue hasta esta semana que la oficializó ante la Junta de Fiscales Supremos. Trascendió que el viernes se iba a tomar una decisión, pero no se concretó. La nueva fecha fijada es este lunes 10 de noviembre.

Posturas
Esta semana, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó la decisión de Gálvez de retirar a la fiscal suprema que la investigaba, “de la noche a la mañana” con una excusa cuestionable. “Es muy peligroso”, dijo.
“Uno no puede intervenir para tomar decisiones respecto de casos en los que tiene interés directo, porque eso se llama conflicto de intereses. Es un tema más allá de lo legal, es ético”, agregó. “Uno puede actuar como juez y parte”, sentenció.
Por su parte, Tomás Gálvez dio una entrevista donde dijo que el caso Los Cuellos Blancos del Puerto era una “invención” donde se imputaron “hechos falsos” y que eso, dice, se comprobó a medida que avanzaban las investigaciones y que “ahora todos (los magistrados destituidos) han regresado”.
Gálvez pasa por alto que diversos implicados en el caso fueron sentenciados en juzgamiento o aceptaron los cargos. Uno de ellos, el más representativo, el exjuez superior y expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos Montalvo. Todo esto gracias al trabajo de la Fiscalía Suprema y el Equipo Especial, el mismo que el fiscal de la Nación interino pretender eliminar.
Asimismo, omite que varios magistrados implicados volvieron a los cargos de los que fueron destituidos por la JNJ por una sentencia del TC que declaró inconstitucional el “procedimiento disciplinario inmediato”. No porque se haya determinado, a nivel administrativo, que no incurrieron en faltas disciplinarias.
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