
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó que, por medio de Proinversión, planea adjudicar hasta julio de 2026 un total de ocho proyectos de agua y saneamiento mediante el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP). La inversión estimada para estas iniciativas alcanza los USD 2.529 millones y beneficiará a diversas zonas del país.
Las regiones contempladas en este plan son Madre de Dios, Cajamarca, Lima, San Martín, Moquegua (Ilo), La Libertad (Trujillo), Junín (Huancayo) y Cusco. El objetivo central es fortalecer el acceso a servicios básicos y reducir brechas de infraestructura, aprovechando la participación del sector privado para acelerar la ejecución de obras clave en materia de agua potable y saneamiento.
De acuerdo con los lineamientos del MEF, la adjudicación de estos proyectos se realizará progresivamente, y se espera que resulten decisivos para mejorar la calidad de vida en las ciudades y comunidades involucradas. Las Asociaciones Público-Privadas permiten movilizar recursos, experiencia y tecnología del sector privado en colaboración con el Estado, en una estrategia orientada a incrementar la cobertura y sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.
En ese marco, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó el impacto directo de estas iniciativas en la salud, productividad y bienestar de las familias. “Cuando apostamos por Asociaciones Público-Privadas no solo estamos asegurando la ejecución de grandes obras, sino también su operación y mantenimiento con estándares de calidad. Eso significa servicios sostenibles, continuidad en el tiempo y un uso eficiente de los recursos públicos. Cada proyecto bien estructurado se traduce en salud, productividad y desarrollo para las familias peruanas”, declaró.
Los proyectos que se adjudicarían
Ocho grandes proyectos promete el gobierno de Jerí adjudicar hacia el final de su mandato. Entre los más próximos a adjudicarse destaca la PTAR Puerto Maldonado (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), con una inversión y gastos operativos proyectados para los primeros diez años por US$ 150 millones. Este proyecto beneficiaría a más de 197 mil habitantes, con una concesión de 23 años y que permitiría mejorar la calidad del agua y las condiciones ambientales en la Amazonía peruana.
Así se detalla cada uno de estos megaproyectos:
- PTAR Puerto Maldonado
- Proyecto Obras de Cabecera y Conducción para Lima (fase 1): Tiene una inversión de US$ 696 millones y garantizará seguridad hídrica para más de 1,5 millones de personas en Lima Este y Lima Sur. La concesión será por 30 años
- PTAR Cajamarca (US$ 115 millones) beneficiará a 365 mil personas, protegiendo fuentes de agua y reduciendo riesgos sanitarios
- En San Martín, las PTAR Tarapoto y San José de Sisa (US$ 215 millones) beneficiarán a 276 mil habitantes.
- En Junín, la PTAR Huancayo (US$ 410 millones) mejorará la salud y el ambiente de 570 mil ciudadanos, reduciendo enfermedades vinculadas a agua no tratada.
- En la Macro Región Sur, el proyecto de desalación de agua de mar para Ilo (US$ 174 millones) permitirá dotar de agua potable a 133 mil personas
- La PTAR Trujillo (US$ 670 millones) beneficiará a 852 mil habitantes con tres modernas plantas de tratamiento.
- La PTAR Cañete (US$ 144 millones) mejorará el acceso a agua segura para 234 mil residentes en Lima provincias.

“Estas adjudicaciones forman parte de la política del Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional, liderado por el presidente José Jerí, orientada a acelerar la ejecución de infraestructura esencial para la población”, resalta el MEF.
Suscribieron adenda de Matarani
Asimismo, el MEF señaló que “en una muestra del compromiso del Estado con el desarrollo descentralizado y la confianza en la economía peruana, el Gobierno del Perú, liderado por el presidente José Jerí, suscribió (...) la adenda al contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani (TPM)”.
Como se sabe, este acuerdo permitirá un adelanto de inversión de aproximadamente US$ 700 millones por parte de la concesionaria, orientado a ampliar la capacidad operativa del puerto, en alrededor de 50 %, y fortalecer la conectividad y competitividad de la macro región sur. Se trata de una inversión íntegramente privada, sin utilización de recursos públicos.
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