Más de 200 empresas de transporte de Lima y Callao anuncian que no acatarán el paro convocado para este 4 de noviembre

Este lunes se registró un paro parcial de transportistas en el Callao, donde algunos choferes y cobradores detuvieron sus labores para sumarse a la protesta contra la creciente inseguridad que afecta al sector. Durante la mañana, la mayoría de trabajadores continuó prestando servicio con normalidad, pero varios afirmaron que sus unidades dejarán de circular en horas de la tarde en respaldo a la movilización convocada en Lima para el martes 4 de noviembre.

El malestar se debe a los constantes ataques, extorsiones y asesinatos que en los últimos meses han golpeado a conductores y cobradores de diferentes rutas. Aunque existe coincidencia en el reclamo de mayor seguridad, no todos los gremios comparten la misma postura sobre el paro. Mientras algunos apoyan la paralización, más de 200 empresas de transporte urbano en Lima y Callao confirmaron que mantendrán sus operaciones.

Gremios anuncian que no acatarán el paro del 4 de noviembre

Durante una conferencia de prensa en el distrito de Lince, dirigentes de diversas asociaciones de transporte público anunciaron que no participarán en el paro nacional convocado para este martes. Los voceros señalaron que la medida no contribuirá a resolver el problema de la delincuencia y que, por el contrario, afectará a millones de usuarios que dependen del transporte urbano.

El dirigente Héctor Vargas Egas destacó que en las últimas semanas se ha fortalecido el trabajo conjunto entre los gremios, el Ejecutivo y el Congreso, lo que ha permitido avanzar en la aprobación de una norma con rango de ley que busca reforzar la seguridad y el control en el sector. “Estamos viendo una voluntad política que antes no existía. Sin embargo, eso no significa un cheque en blanco. Vamos a seguir vigilantes para que la ley se reglamente correctamente”, afirmó.

Dirigentes destacan avances y piden mayor control territorial

Vargas Egas explicó que los transportistas plantearon la necesidad de declarar Lima en estado de emergencia, aunque con un enfoque distinto al de anteriores experiencias. El objetivo, indicó, es permitir una respuesta más rápida de la Policía Nacional frente a las bandas delictivas que operan en distintas zonas de la capital. También insistió en establecer un control territorial coordinado entre municipios, serenazgo y fuerzas del orden, con el fin de reforzar la presencia del Estado en los puntos críticos.

El vocero recordó que el sector propuso hace meses medidas más severas contra los delincuentes reincidentes, como habilitar pabellones de máxima seguridad dentro de los penales y aplicar regímenes de aislamiento de 23 horas diarias sin visitas, salvo la de los abogados. “Hemos pedido que se tomen decisiones firmes, no para castigar indiscriminadamente, sino para garantizar que quienes siguen delinquiendo desde las cárceles sean realmente controlados”, agregó.

Más de 200 empresas aseguran que operarán con normalidad

Según precisaron los organizadores de la conferencia, más de 200 empresas de transporte urbano que forman parte de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú) y otros gremios afines, no acatarán el paro de este 4 de noviembre. Los representantes aseguraron que sus unidades circularán con normalidad para no perjudicar a los usuarios.

El presidente de la Cámara, Ricardo Pareja, expresó su solidaridad con las familias de los conductores asesinados en las últimas semanas, pero insistió en que detener el servicio no es la vía adecuada para frenar la delincuencia. “Entendemos el dolor de cada chofer que sale sin saber si volverá con vida. Pero paralizar la ciudad no resolverá nada. Necesitamos acciones sostenidas y coordinación real entre autoridades y ciudadanos”, sostuvo.

Transportistas piden enfrentar la corrupción y fortalecer la seguridad

Pareja también advirtió que la corrupción dentro de las instituciones es uno de los principales obstáculos para frenar la violencia en el transporte público. Aseguró que durante años se aprobaron normas que beneficiaron a intereses particulares y que debilitaron la respuesta del Estado frente al crimen. “Por culpa de la corrupción no se toman las medidas que corresponde. Hay leyes que terminan favoreciendo a la delincuencia y eso debe cambiar”, remarcó.

Los gremios que rechazan la paralización reiteraron su compromiso de seguir dialogando con las autoridades para mejorar la seguridad y las condiciones laborales en el sector. Pidieron que los avances normativos se traduzcan en acciones concretas, con presencia policial constante, patrullaje coordinado y sanciones efectivas contra las mafias que extorsionan a los transportistas.