El Congreso de la República de Perú oficializó la renuncia de un servidor involucrado en el supuesto uso no autorizado de equipos del Parlamento durante un acto político vinculado a Keiko Fujimori. El hecho se conoció después de que imágenes difundidas en redes sociales por Sol TV mostraran la presencia de una cámara propiedad del Legislativo en un mitin de la lideresa de Fuerza Popular, realizado en el contexto de su lanzamiento como candidata presidencial para 2026.
En un comunicado emitido por la Oficialía Mayor el 2 de noviembre, las autoridades parlamentarias confirmaron que el servidor implicado presentó su carta de renuncia el 1 de noviembre de 2025, un día después de que se solicitara la apertura del proceso administrativo en su contra. El Congreso recalcó que el uso de cualquier bien institucional fuera del marco de las actividades parlamentarias queda prohibido y detalló que “toda disposición para el uso de bienes del Congreso de la República se efectúa en el marco del Reglamento Interno de Trabajo y se autoriza únicamente para el uso exclusivo de las actividades parlamentarias”.
Regulación y sanciones para el uso de bienes públicos
Las normas internas del Congreso, a través de su Reglamento Interno de Trabajo, impiden expresamente la utilización de recursos materiales y tecnológicos para fines ajenos a la labor legislativa. El comunicado subrayó que “el uso de los bienes del Congreso y de los bienes públicos en general está totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole”.
La apertura del procedimiento administrativo sancionador se produjo el 31 de octubre de este año. El objetivo declarado es determinar la posible responsabilidad administrativa del trabajador, con la aplicación inmediata de las sanciones correspondientes en caso de confirmarse el incumplimiento.
Contexto y antecedentes del caso
El acto que desató el proceso tuvo lugar durante un mitín de Keiko Fujimori, ex candidata presidencial y figura principal de Fuerza Popular, donde cámaras pertenecientes al Congreso captaron fragmentos del evento de lanzamiento. La situación llamó la atención debido a las restricciones legales y administrativas sobre la utilización de equipos estatales en acontecimientos de carácter partidario.
El Reglamento Interno de Trabajo del Congreso establece en su artículo 105 los procedimientos para sancionar a quienes infringen la normativa sobre uso de bienes públicos. Estos pueden enfrentar consecuencias administrativas, civiles y penales, dependiendo de la gravedad y de los resultados de la investigación abierta.
Respuestas institucionales y pasos siguientes
La Oficialía Mayor reiteró que, ante cualquier irregularidad detectada en el uso de recursos pertenecientes al Congreso, se procederá con las indagaciones y sanciones necesarias, conforme al marco normativo vigente. El comunicado oficial sostuvo: “se sancionará de manera inmediata a quienes incumplan dicha normativa prohibitiva” y recordó que las acciones disciplinarias no excluyen eventuales responsabilidades civiles o penales.
La renuncia del funcionario da paso a la continuación de la investigación por parte de las instancias competentes del Parlamento. Al cierre del comunicado, la autoridad parlamentaria aseguró que la transparencia y la legalidad resultan principios para el manejo institucional, especialmente ante hechos que involucran bienes públicos y actividades políticas.
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