MEF transfiere más de S/ 48 millones al Ministerio Público para reforzar lucha contra el crimen organizado

El Gobierno autorizó una transferencia superior a los S/ 48 millones a favor del Ministerio Público, con el propósito de fortalecer las labores de investigación y respuesta frente al avance del crimen organizado en el país. Los recursos permitirán cubrir gastos logísticos y operativos, considerados esenciales para mejorar la capacidad de acción de las fiscalías penales, especializadas y mixtas.

La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.º 239-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que señaló que los fondos provienen de la Reserva de Contingencia, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025. Según el sector, esta asignación responde al compromiso del Gobierno por fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a la creciente inseguridad ciudadana.

Recursos destinados a fortalecer la operatividad fiscal

El monto transferido, ascendente a S/ 48 058 483, permitirá financiar desplazamientos de fiscales, realización de diligencias, participación en audiencias y mantenimiento de la conectividad en las sedes del Ministerio Público. Además, servirá para reforzar la operatividad de las fiscalías que enfrentan casos de criminalidad organizada y delitos de alto impacto.

Desde el MEF se destacó que la medida busca asegurar que el personal fiscal cuente con los medios necesarios para ejecutar su labor de manera oportuna. También se precisó que una parte del presupuesto estará dirigida al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de fortalecer sus áreas técnicas en la recopilación y análisis de evidencias.

Compromiso del Gobierno en la lucha contra la delincuencia

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, resaltó que la transferencia refleja una decisión firme del Ejecutivo para garantizar los recursos que demanda la lucha contra la criminalidad. “El Gobierno del presidente José Jerí tiene como prioridad la lucha frontal contra la delincuencia. Desde el MEF estamos facilitando los fondos para que el Ministerio Público refuerce su trabajo operativo y logístico en defensa de la ciudadanía”, señaló.

De acuerdo con la ministra, la medida forma parte de una política pública orientada a fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y justicia. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es dotar al Ministerio Público de los recursos indispensables para enfrentar con eficacia las investigaciones vinculadas al crimen organizado, las extorsiones y otros delitos que afectan la tranquilidad de los peruanos.

Financiamiento respaldado por la Reserva de Contingencia

El MEF precisó que la fuente de financiamiento corresponde a Recursos Ordinarios provenientes de la Reserva de Contingencia, un fondo que permite atender necesidades urgentes de carácter nacional. La decisión fue adoptada conforme a las disposiciones de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que autoriza asignaciones adicionales a entidades del Estado cuando se requiere fortalecer su capacidad operativa.

Los recursos serán administrados directamente por el Ministerio Público bajo criterios de eficiencia y transparencia. Con ello, se espera optimizar los procedimientos de investigación, así como la actuación fiscal en distintos puntos del país, especialmente en regiones donde el crimen organizado ha incrementado su presencia.

Enfoque integral contra la criminalidad

La transferencia se enmarca en la estrategia del Gobierno del presidente José Jerí, que busca pasar de una respuesta defensiva a una ofensiva frente al avance delictivo. El Ejecutivo considera que una de las formas más efectivas de combatir la inseguridad es fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de la persecución penal.

De esta manera, el MEF reafirma su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos y con la consolidación de un Estado que responda con mayor eficacia ante las amenazas que afectan la paz social. La medida también refuerza la articulación entre los sectores del sistema de justicia, en un contexto donde la ciudadanía demanda resultados concretos en la lucha contra el crimen.