Fuerza Popular se pronunció oficialmente tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso penal abierto contra Keiko Fujimori en el llamado Caso Cócteles. La agrupación política sostuvo que el fallo “pone fin a años de abuso” y “confirma que no se cometieron delitos”, reivindicando la inocencia de su lideresa y el impacto político de la resolución.
“Con esta decisión, se confirma que fue sometida a un proceso construido sobre hechos que nunca constituyeron delito”“, escribieron y destacaron el carácter prolongado e injustificado de la investigación: “Durante casi una década, Keiko Fujimori enfrentó con coraje esta persecución. Lo hizo de pie, dando la cara ante el país, incluso cuando le arrebataron su libertad en tres ocasiones de manera absolutamente injusta e ilegal”.
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Además, aseguraron que la actuación de la justicia se utilizó con fines políticos y advirtieron que el país no debe repetir escenarios de judicialización por discrepancias ideológicas o partidarias. “Hoy queda claro que, por más discrepancias que existan, en democracia nunca más se debe intentar destruir a una persona, a una familia o a un partido por razones políticas o ideológicas”, indica el texto difundido por las redes sociales del partido.
El pronunciamiento de Fuerza Popular se da tras la resolución emitida el 2 de octubre de 2025 por el Tribunal Constitucional, el máximo órgano de control jurisdiccional en el Perú, que declaró fundada la acción constitucional de hábeas corpus interpuesta por la defensa de Keiko Fujimori. Según informó RPP Noticias, el TC determinó que la acusación por lavado de activos y organización criminal vinculada a los aportes para las campañas electorales de 2011 y 2016 era inválida, debido a que contenía figuras penales no vigentes al tiempo de los hechos y carecía de sustento respecto a la finalidad política de un partido.
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El tribunal también concluyó que el proceso judicial excedió los plazos razonables y que las restricciones impuestas violaron derechos fundamentales. Además, que la investigación se encontraba viciada por la retroactividad desfavorable de la ley y la ausencia de motivación clara en las resoluciones judiciales cuestionadas. Como resultado, el TC ordenó la nulidad de toda disposición fiscal y judicial, incluidas las causas por falsedad y declaración inexacta, y dispuso la reevaluación de la situación jurídica de Fujimori en las instancias pertinentes.
La resolución fue adoptada por mayoría del pleno del tribunal. Los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández votaron a favor, mientras que los magistrados Manuel Monteagudo Valdez y Luz Pacheco Zerga lo hicieron en contra.
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