El uso de recursos públicos para financiar la defensa legal de la demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por parte del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, podría constituir causal de vacancia según la Ley Orgánica de Municipalidades, advirtió el experto electoral Martín D’Azevedo.
El especialista en temas municipales afirmó que el uso de fondos públicos administrados por la municipalidad para costear la demanda de amparo y la acción competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones no sólo representa una posible irregularidad administrativa, sino que expone al alcalde a riesgos legales inmediatos.
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En declaraciones a Exitosa, D’Azevedo detalló que los argumentos expuestos por Reggiardo se fundamentan en la posibilidad de alteraciones en la ciudad y daños a la infraestructura pública, urbana y privada si su postura no prospera. Sin embargo, puntualizó que no existen precedentes jurídicos en el derecho municipal peruano de una competencia de este tipo presentada ante el Tribunal Constitucional: sería la primera vez que se plantea un caso similar y, por ausencia de antecedentes normativos, el resultado es incierto y, según D’Azevedo, probablemente adverso para el alcalde.
El análisis legal del uso de presupuesto público para sufragar los honorarios de la defensa estuvo a cargo de D’Azevedo, quien enfatizó que “no es correcto tomar dinero de la municipalidad, del presupuesto de la municipalidad, que en parte es el presupuesto que los vecinos aportan con sus tributos para un tema de esta naturaleza, de un solo partido, un solo candidato”, declaró el especialista a la emisora radial peruana Exitosa.
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Agregó que solo 8% de los limeños participó de manera directa o mostró apoyo expreso a la gestión, según su propia revisión de los documentos municipales y la evolución del proceso. Respecto a la posible consecuencia jurídica, D’Azevedo sostuvo que destinar recursos municipales a intereses políticos particulares, sin vínculo con la gestión urbana, podría activar el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
El uso del presupuesto público municipal para litigar asuntos que D’Azevedo considera ajenos a la gestión urbana sería interpretado como una infracción directa de la norma y, solo en caso de que se acredite la irregularidad, cualquier ciudadano podría solicitar la vacancia de Reggiardo.
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D’Azevedo explicó que esta secuencia de acciones refleja una intensificación de reclamos con naturaleza política por parte de Renovación Popular, en la que se busca poner en relieve presuntas irregularidades electorales, aunque la probabilidad de éxito de estos recursos legales es limitada, tanto por la experiencia comparada como por los marcos normativos actuales.
MML presenta demanda competencial contra el JNE
Entre el 28 y 29 de abril, Reggiardo anunció desde las instalaciones municipales su intención de presentar una acción de amparo y, posteriormente, difundió en su cuenta de Twitter la documentación respectiva. Argumentó actua en nombre de los limeños supuestamente afectados en su derecho a votar, pese a que ningún sector significativo de la ciudad formalizó dicha solicitud.
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El 6 de mayo, el abogado Eto Cruz interpuso la acción competencial ante el Tribunal Constitucional y afirmó que el proceso podría ser admitido por el TC durante la próxima semana.
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