El presidente interino José Jerí permanece en silencio desde hace tres horas, después de que se confirmara que un agente de la Policía Nacional (PNP) disparó y causó la muerte de un manifestante durante la protesta antigubernamental realizada la noche anterior.
Cerca de las 17:00 horas, el jefe policial Óscar Arriola informó en una conferencia que el autor del disparo fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, integrante de la División de Investigación Criminal (Divincri).
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Hasta las 20:00, Jerí no había difundido ningún mensaje sobre el hecho en X, red social que emplea de manera habitual para comunicarse y donde se mantuvo activo durante toda la jornada de manifestaciones. Su última publicación data de la madrugada y se refirió al deceso del rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sanz.
“Lamento el fallecimiento del ciudadano de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, señaló entonces.
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Por la mañana, el mandatario visitó a los policías heridos en manifestaciones y participó en una sesión del Congreso y declaró que un grupo “reducido de personas tergiversó la finalidad de la movilización de anoche y la tornó violenta, con consecuencias lamentables”.
También sostuvo encuentros con representantes de la Asociación de Municipalidades Distritales del Perú y de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales. A las 19:00, Presidencia informó que Jerí había instalado una mesa de diálogo con autoridades de la provincia de Pataz.
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Canal N informó que se ha realizado un Consejo de Ministros extraordinario enfocado en seguridad y que el último integrante del gabinete en ingresar fue el titular del Interior, Vicente Tiburcio. Según el reporte televisivo, las puertas de Palacio de Gobierno permanecen cerradas, una situación poco habitual, y no se han encendido las luces características del edificio durante el mes de octubre.
De acuerdo con Eloy Marchán, periodista de la revista de investigación Hildebrandt en sus trece, al menos cuatro ministros habrían considerado dejar sus cargos tras la confirmación del asesinato policial contra el manifestante.
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La legisladora Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, presentó una acusación constitucional contra el gobernante encargado, su premier Ernesto Álvarez Miranda y el titular del Interior por supuestas infracciones al derecho a la vida, la integridad física, los derechos humanos y la protesta.
Investigación
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por homicidio calificado, bajo la responsabilidad de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, liderada por el fiscal Roger Yana Yanqui.
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Como parte de las primeras acciones, el despacho solicitó a la Región Policial de Lima información sobre planes de operaciones, órdenes telefónicas y otros documentos para establecer la estructura de mando, la zonificación y la asignación de efectivos durante las marchas. Además, requirió reportes de las divisiones policiales involucradas y la nómina del personal desplegado en las zonas de mayor incidencia.
Por su parte, el abogado Rodrigo Noblecilla, representante legal de la familia del manifestante ultimado, anunció que evalúa interponer una denuncia por el presunto delito de asesinato bajo la figura de autoría mediata contra Jerí y todo su gabinete.
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