La protesta masiva del 15 de octubre en Lima, convocada ante la crisis política en Perú, abrió una nueva controversia sobre la actuación de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ernesto Álvarez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mencionó que aunque no descarta la presencia de policías infiltrados, atribuye los hechos de violencia a la acción de grupos subversivos.
En diálogo con 24 horas, el premier sostuvo que si bien la manifestación inició de manera pacífica, avanzada la tarde, “quedaron esencialmente un grupo numeroso de violentistas que quisieron penetrar las vallas de la policía para atacar, presuntamente incendiar, como ha sucedido en otras realidades en la sede del Congreso“.
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Aseguró que la violencia contra la Policía Nacional del Perú se desarrolló de manera premeditada por actores equipados con “bombas molotov y piedras”, generando un número importante de efectivos heridos. Destacó, además, la necesidad de diferenciar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta de los hechos posteriores: “Una cosa fue el ejercicio pacífico de la protesta ciudadana en procura de objetivos que nosotros también tenemos: pacificar, ganar estabilidad y tratar de disminuir la ola de criminalidad que aflige a los ciudadanos”, señaló.
Defendió que la policía implementó una línea de contención protegida frente a las inmediaciones del Congreso de la República, punto central de la protesta, y actuó dentro de los límites de la proporcionalidad. “La conclusión es que la policía ha actuado de una manera proporcional, de una manera sumamente medida, y la prueba de ello es que hay más policías heridos que manifestantes violentos afectados”, manifestó.
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Consultado sobre el joven fallecido a manos de un policía, en Plaza Francia, subrayó el carácter atípico del caso. “Lo curioso es que las cámaras de seguridad, que ahora sí han funcionado y están ya en materia de investigación, señalan a una o a dos personas con arma de fuego en la mano“, expresó y sugirió la posibilidad de que la violencia haya sido utilizada para generar una crisis política.
“La pregunta es lógica. ¿A quién beneficia el crimen? Básicamente, buscan generar una crisis política. Y esa crisis política se alimenta muchas veces de la cantidad de muertos producida por la violencia”, agregó el expresidente del Tribunal Constitucional, quien recordó que el gobierno de transición, bajo liderazgo de Jerí, está concentrado en reducir la criminalidad y garantizar la estabilidad necesaria para las próximas elecciones.
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“El más interesado en que no se produzcan ningún hecho que lamentar ha sido este gobierno de transición, que a lo único que aspira es a reducir la criminalidad y garantizar estabilidad para las elecciones y para la misma policía”, insistió.
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