La tarde del sábado, un incendio considerado de Código 3 devastó más de cien viviendas en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, dejando sin hogar a decenas de familias y reavivando la atención sobre los riesgos de los talleres clandestinos de pirotecnia.
Testimonios recopilados en el lugar y declaraciones de autoridades sostienen que la emergencia puede haberse originado en un almacén ilegal de pirotécnicos, una hipótesis que cobra fuerza mientras continúan las investigaciones formales.
La magnitud del siniestro activó una respuesta multisectorial, según reportó el Ministerio de Salud (Minsa) y lo consignó la Presidencia de la República a través de sus canales oficiales.
En tan solo minutos, las llamas se propagaron alimentadas por materiales como madera, esteras y plástico, predominantes en estas zonas vulnerables de construcción precaria. Vecinos relataron que, ante la expansión del fuego, intentaron frenar el avance usando baldes de agua, aunque sin éxito.
En el corazón del desastre, el testimonio de una de las afectadas evidenció el impacto personal de la tragedia: “Y mire cómo quedó todo. Solo salí con mi ropa y mis hijos también con su ropa que tenían puesto, nada más”, describió la mujer, que fue testigo directa de la destrucción allí.
El Cuerpo General de Bomberos movilizó al sitio cerca de 20 unidades. Jaime Palacios, representante de la institución, explicó para Canal N que las labores para confinar el fuego tomaron más de tres horas.
“Por rato nos falta el agua por lo que necesitamos el apoyo de las municipalidades y Sedapal. Hay hidrantes, pero no es suficiente”, comentó el vocero bomberil en medio de la emergencia.
Durante la atención de la emergencia, el Minsa detalló que se brindó auxilio en el lugar a doce personas, trasladando a una mujer al hospital María Auxiliadora. Otras dos personas sufrieron lesiones por contacto con las llamas y dos ciudadanos más resultaron afectados por inhalación de humo, de acuerdo con el reporte oficial.
Ante el riesgo de nuevos traslados, los hospitales María Auxiliadora y Villa El Salvador permanecieron en alerta desde la primera notificación de los hechos.
En redes sociales, la congresista Susel Paredes se refirió a la fase investigativa y la responsabilidad institucional por la existencia de talleres clandestinos en la zona.
“Un incendio que se multiplica por culpa de talleres clandestinos de pirotecnia: ¿dónde estaba fiscalización municipal? Decenas de familias víctimas hoy de la falta de acción de las autoridades. Respuestas ahora mismo para resolver la emergencia! Investigación y sanción para los responsables!”, exigió en su cuenta oficial.
El pronunciamiento fue acompañado de un video donde se observa la dimensión de la emergencia y la lucha de bomberos y vecinos por contener el fuego.
La explicación preliminar sobre el detonante del incendio la ofreció Leonidas Telenta, portavoz del Cuerpo General de Bomberos, quien señaló la presunta existencia de un almacén clandestino de pirotécnicos como el posible origen del fuego. Este informe coincide con lo reportado desde los organismos de seguridad y salud, aunque el peritaje definitivo está aún pendiente.
En el marco de la emergencia, la Presidencia del Perú, bajo indicación del mandatario José Jerí, aseguró mediante redes sociales que el Gobierno desplegó acciones de contención y asistencia inmediata para los damnificados, en coordinación con varios sectores.
Los testimonios recabados en campo por los medios y la acción institucional destacan el rol central que cumplen la logística de suministro de agua y la precariedad de los materiales de las viviendas en zonas vulnerables como Pamplona Alta.
El siniestro se registró aproximadamente a las 5:30 de la tarde del pasado 11 de octubre y, según relataron testigos, tomó por sorpresa a la comunidad, que documentó en video el avance de las llamas.
El estruendo que genera la explosión o combustión de artefactos pirotécnicos fue registrado por vecinos en plena transmisión directa, mientras exclamaban “Está que se lleva todo, causa, todo está que se lleva, hermano”.
La cifra final de viviendas destruidas supera el centenar, conformando un escenario de familias desplazadas y pérdidas materiales totales para muchos habitantes de la zona.
Las imágenes difundidas por los propios residentes muestran el alcance de la destrucción. En medio de la emergencia, la presión pública y política para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades institucionales se mantiene en el foco de autoridades y organismos de control.
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