Congreso oficializó la vacancia de Dina Boluarte mediante resolución publicada en El Peruano

El Congreso de la República formalizó la vacancia de Dina Ercilia Boluarte Zegarra como presidenta de la República, a través de la Resolución del Congreso 001-2025-2026-CR, publicada el 10 de octubre de 2025 en el diario oficial El Peruano. La medida declara la permanente incapacidad moral de Boluarte, amparada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú.

El proceso inició el 9 de octubre, cuando se presentaron cuatro mociones de orden del día para promover la vacancia presidencial. El Pleno del Congreso, en sesión semipresencial, aprobó la admisión de estas mociones bajo el marco procesal detallado en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso. La votación se realizó la misma noche, después de un debate programado a las 23:30 horas.

Durante la sesión, la entonces presidenta Dina Boluarte no ejerció su derecho de defensa, aunque el acta resalta que se respetaron las garantías constitucionales vinculadas al debido proceso. La resolución determinó la aplicación de la sucesión establecida en el artículo 115 de la Constitución, habilitando así la asunción del presidente del Congreso en el máximo cargo de la Nación.

La resolución lleva la firma de José Enrique Jerí Oré, presidente del Congreso, y de Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente. El documento instruye a comunicar y publicar la decisión para su inmediato cumplimiento.

José Jerí, quien recientemente presidía el Congreso peruano, asumió la jefatura del Estado tras la vacancia de Dina Boluarte, pese a que previamente había manifestado su negativa a ocupar el cargo en caso de que se produjera una eventual destitución presidencial. La decisión del Congreso de declarar la vacancia, fundamentada en la figura de permanente incapacidad moral, desencadenó una rápida sucesión conforme al procedimiento constitucional.

En fechas previas, Jerí había señalado que su intención era completar su mandato como presidente del Parlamento y no participar en la sucesión presidencial. Afirmó que respetaba los lineamientos legales, pero que, desde una perspectiva personal, consideraba que el relevo presidencial solo debía producirse por mandato electoral y no por mecanismos extraordinarios. Estas declaraciones se produjeron durante entrevistas y encuentros públicos, en los que enfatizó su distancia respecto a la posibilidad de liderar el Ejecutivo.

Sin embargo, con la salida de Boluarte, la línea de sucesión establecida en la Constitución lo colocó en la obligación de jurar el máximo cargo del país. El acto de juramentación se realizó en la sede del Congreso durante la madrugada, y contó con la presencia de funcionarios y representantes de diversas bancadas. Jerí sostuvo que su rol consistirá en garantizar la estabilidad institucional y afrontar los desafíos nacionales durante el periodo de transición.

Dina Boluarte dejó el cargo de presidenta de Perú con niveles históricamente bajos de aprobación. Diversos sondeos nacionales reflejaron que la exmandataria alcanzó un 93% de desaprobación entre la ciudadanía, posicionándose como una de las figuras de gobierno menos valoradas a nivel global en la actualidad. Su popularidad resultó especialmente baja entre los jóvenes y en las regiones del sur del país, donde prácticamente no registró respaldo.

Este contexto de rechazo masivo influyó en el clima de descontento que anticipó su salida del Ejecutivo, tras la decisión del Congreso de declarar su vacancia. Las causas de la impopularidad incluyeron cuestionamientos sobre su gestión, el manejo de crisis sociales y la percepción de desconexión con las demandas regionales. La transición de mando se dio en un escenario de fuerte presión social, evidenciando la profunda falta de confianza de la población hacia la figura de Boluarte y su administración.