Carlos Malaver defiende su gestión en el Mininter y pide reconocer el trabajo de la PNP: “El tiempo dará la razón”

El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, instó a reconocer la labor de la Policía Nacional frente a la inseguridad, incluso después de que un atentado durante un concierto de cumbia dejara al menos cuatro músicos heridos. Su llamado ocurrió en un clima de creciente criminalidad y movilizaciones sociales que demandan medidas efectivas de seguridad en todo el país.

Durante la sesión del pleno del Congreso de la República, Malaver compareció junto al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros titulares, para informar sobre su gestión y responder un pliego de preguntas sobre sicariato y extorsión. La exposición se realizó tras el ataque en el concierto de Agua Marina, suceso que volvió a poner en alerta al sector seguridad.

A la salida del hemiciclo, el ministro dialogó brevemente con la prensa. Reiteró la necesidad de que se reconozca el trabajo de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad, a pesar de la continuidad de atentados perpetrados por bandas criminales.

Durante el contacto con los medios, Malaver insistió en que no se debe minimizar la labor policial frente a las bandas criminales. Señaló que asesinatos a sueldo, amenazas y extorsiones persisten en diversos sectores económicos, siendo los transportistas uno de los más afectados, a pesar de múltiples paros convocados.

“Reconozcan el trabajo de la Policía, no la minimicen, por favor. (...) No ha habido ninguna mala gestión. Solamente el tiempo va a dar la razón. Y ahí espero, así como criticaron que no se había hecho ninguna acción con el tema del monstruo y después ¿han pedido siquiera disculpas?, por favor”, afirmó Carlos Malaver Odias en diálogo con Exitosa.

A pesar de ello, la captura de Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo” y líder de la organización criminal “Los Injertos”, fue posible gracias a la Policía Nacional Paraguaya. Moreno permanecía prófugo desde 2022 y resultó arrestado en Asunción tras una operación de inteligencia.

Si bien la Policía del Perú había alertado sobre su ubicación, las autoridades paraguayas señalaron que la operación resultó exitosa únicamente luego de dejar de compartir información con los efectivos peruanos. Este episodio reavivó el debate sobre la coordinación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Pese a lo manifestado por el ministro, las estadísticas exponen un aumento preocupante de la extorsión en el país. Según cifras del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la PNP, procesadas por el analista Juan Carbajal, entre enero y septiembre de 2025 se presentaron 20.705 denuncias por este delito.

De acuerdo con El Comercio, en comparación con el mismo período de 2024, cuando constaban 16.075 denuncias, el incremento fue de 4.630 casos, equivalente a un 28,8% más. Los datos demuestran que la extorsión continúa representando un desafío de difícil control.

Los registros de Sidpol permiten estimar que, en promedio, cada 19 minutos se presenta una nueva denuncia por extorsión a nivel nacional. Hasta el 6 de octubre, se reportaban cerca de 75 denuncias diarias, lo que evidencia la magnitud del problema, pese a las acciones implementadas por el Ministerio del Interior.

El ministro del Interior expuso ante el Congreso el estado de avance de seis leyes vinculadas a la seguridad ciudadana. Algunas, como la Ley 32386 y la 32348, no requieren reglamentación. Otras, como la Ley 32332 sobre denuncias digitales, ya cuentan con convenios con RENIEC.

En el caso de la Ley 32313, destinada a fortalecer a la PNP con unidades ejecutoras regionales, se aprobaron lineamientos mediante Resolución Ministerial 1772. La Ley 32324, relacionada con el empadronamiento y la amnistía por armas de fuego, se encuentra en proyecto de reglamento en Sucamec. La Ley 32358, sobre el bono del buen pagador para policías y militares, fue remitida al Fondo de Vivienda del Ejército.

Malaver anunció medidas contra la extorsión, como la ampliación del plazo de flagrancia delictiva a 72 horas y la detención de hasta 15 días para delitos vinculados al sicariato. Estas propuestas buscan fortalecer la capacidad operativa de la Policía ante la persistencia del crimen organizado.