Diputados de Juntos por el Perú presentaron este viernes una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, al que exigen respuestas sobre sus presuntos vínculos con Compañía Minera Poderosa, empresa que opera en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, zona donde el Ministerio de Defensa dirige operaciones militares bajo sucesivos estados de emergencia.
El documento fue presentado por el diputado Marino Lavado, quien solicita al Pleno que acuerde interpelar a Belaúnde Llosa para que concurra al Congreso y responda un pliego de 43 preguntas.
El eje central de la moción gira en torno a los aportes de campaña que recibió la agrupación Libertad Popular —partido con el que Belaúnde Llosa participó como candidato presidencial en las Elecciones Generales 2026— por parte de Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa.
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Según la información financiera reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Arias de Sologuren realizó ocho aportes económicos a favor de Libertad Popular durante la campaña electoral. Los diputados señalan que, si bien dichos aportes habrían sido efectuados conforme a la legislación vigente, la posterior designación de Belaúnde Llosa como titular de Defensa genera cuestionamientos sobre transparencia, ética pública y conflicto de intereses, dado que su cartera planifica y ejecuta las operaciones militares en Pataz, donde opera la misma empresa.
El pliego interpelatorio exige al ministro que precise si existen efectivos de las Fuerzas Armadas destacados para brindar seguridad en instalaciones, campamentos, plantas, accesos o concesiones de Minera Poderosa, el fundamento legal de ese eventual despliegue y si el Ministerio suscribió convenios o protocolos con la empresa para coordinar acciones de seguridad. Asimismo, los diputados preguntan cuántos efectivos están destinados a proteger a la población civil frente a cuántos resguardan infraestructura minera.
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Los diputados también busca que el titular del Mindef responda sobre eficacia de la estrategia de seguridad en Pataz. La moción recuerda que, pese al despliegue permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) bajo reiterados estados de emergencia, la provincia continúa registrando homicidios, secuestros, extorsiones y ataques contra trabajadores y población civil. Entre los casos citados figuran el secuestro y asesinato de 13 trabajadores en mayo de 2025 y de 9 trabajadores en 2023. Los legisladores preguntan qué indicadores objetivos acreditan la eficacia de esas medidas y por qué el Ministerio no ha puesto a disposición del Congreso un informe técnico independiente sobre los resultados obtenidos.
La moción también invoca pronunciamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, expresó preocupación por la frecuencia con que el Estado peruano declara estados de emergencia y despliega a las Fuerzas Armadas, advirtiendo que ello incrementa el riesgo de vulneraciones de derechos. El Comité recomendó que esas declaraciones se utilicen únicamente en circunstancias excepcionales y que las medidas adoptadas sean estrictamente necesarias, proporcionales, temporales y sujetas a revisión judicial.
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El pliego incluye además preguntas sobre la articulación con las rondas campesinas de Pataz —a las que los diputados consideran un actor estratégico para la prevención del delito—, sobre el ejercicio multinacional “Escudo de las Américas” y las implicancias para la soberanía nacional de la eventual participación de fuerzas extranjeras en territorio peruano, y sobre las labores de desminado en las Pampas de Reque, en Lambayeque, zona prevista para la celebración de la misa del papa León XIV.
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