La Municipalidad de Lima (MML) informó este 2 de octubre que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado explicaciones al exfiscal que firmó el acuerdo con Odebrecht, debido a que la empresa Rutas de Lima fue excluida de dicho convenio.

Según el comunicado, “el Departamento de Justicia de EE. UU. ha enviado una carta al exfiscal que firmó el acuerdo de Odebrecht, preguntándole porqué Rutas de Lima fue excluido del acuerdo”.

Posible conflicto de intereses

La comuna limeña también señaló que existe un antecedente que podría configurar un conflicto de intereses. De acuerdo al documento, “este abogado trabajó previamente en Jenner & Block, firma que representó a Brookfield, presentándose un grave conflicto de intereses”.

Brookfield es una de las compañías vinculadas a Rutas de Lima y, según la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta relación genera dudas sobre la transparencia del acuerdo firmado en torno al caso Odebrecht.

Solicitud de información y documentos

El Departamento de Justicia no solo ha requerido explicaciones, sino también documentación clave. “El Departamento de Justicia también solicitó documentos y comunicaciones intercambiadas entre Brookfield, Odebrecht y Rutas de Lima y dio plazo hasta el 7 de octubre”, precisó el comunicado.

Asimismo, el documento agrega que las autoridades estadounidenses “ahora están revisando el acuerdo de Odebrecht y cuestionan porqué la MML no fue notificada como víctima”.

Compromiso de la Municipalidad de Lima

La comuna capitalina aseguró que colaborará con las autoridades internacionales para el esclarecimiento del caso. El comunicado concluye resaltando que el objetivo es garantizar que “las víctimas de la corrupción de Brookfield y Odebrecht reciban una recompensa justa”.

“Las Cortes de EE. UU., Perú y Francia deben tener en cuenta que el Departamento de Justicia está revisando el acuerdo de Odebrecht. La MML está dispuesta a proporcionar cualquier información que resulte útil para la investigación”, afirmó la institución.

Disolución de Rutas de Lima

El pasado 30 de septiembre, la concesionaria Rutas de Lima S.A.C. (RDL) anunció su disolución y liquidación, decisión que atribuyó a un presunto “hostigamiento” por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y a omisiones de diversas entidades del Estado peruano, lo que habría hecho inviable la continuidad de sus operaciones en el actual marco jurídico.

Según detalló la empresa en un comunicado, la medida fue adoptada durante la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de septiembre de 2025, en cumplimiento de la Ley General de Sociedades. La decisión implica el inicio del proceso formal de cierre de la concesionaria encargada de administrar importantes vías en la capital.

“Como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano, Rutas de Lima se ha visto en la obligación legal de adoptar un acuerdo de disolución y liquidación”, indicó la compañía en el pronunciamiento.

Brookfield acusa al Perú por disolución

El director de Operaciones Globales de Brookfield, Ben Vaughan, responsabilizó al Estado peruano por la situación de la concesionaria Rutas de Lima, que recientemente anunció su disolución y liquidación. Según el ejecutivo, la decisión responde al “hostigamiento” de la Municipalidad de Lima y del alcalde Rafael López Aliaga, lo que habría generado un escenario de inseguridad jurídica.

“La disolución de Rutas de Lima es consecuencia directa de las acciones del Estado peruano, que han destruido el valor de nuestro activo sin consideración alguna por la seguridad jurídica, demostrando que este no respeta sus compromisos y desconoce las normas aplicables”, declaró Vaughan en un pronunciamiento.

El representante de la matriz de Rutas de Lima también cuestionó el discurso oficial del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que asegura promover la atracción de inversión extranjera. “El trato que ha otorgado a Brookfield envía el mensaje contrario”, afirmó. En respuesta a estos hechos, la empresa inició un arbitraje internacional contra el Estado peruano bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, reservándose todos sus derechos frente a lo que considera violaciones continuas y destrucción de su inversión.