La ley de amnistía promulgada por la presidenta Dina Boluarte sigue generando debate y oposición ciudadana. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por el diario La República, el 61% de peruanos rechaza la norma que beneficia a militares, policías y comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco del periodo de violencia entre 1980 y 2000. Solo un 21% de encuestados dijo estar a favor y un 18% no definió posición.
¿Qué establece la Ley de Amnistía?
La norma, aprobada por el Congreso y promulgada el 13 de agosto en Palacio de Gobierno, concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa involucrados en hechos delictivos ocurridos durante el conflicto armado interno. Esto incluye tanto a quienes están siendo investigados o procesados como a aquellos ya condenados que cumplen 70 años o más.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, la medida podría alcanzar a 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos en curso. Entre los beneficiados potenciales figuran mandos militares y miembros de grupos paramilitares como el Grupo Colina, responsable de matanzas como las de Barrios Altos y La Cantuta.
Reacciones internacionales y judiciales
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso que la ley no tenga efectos jurídicos mientras evalúa una ampliación de medidas provisionales solicitadas por víctimas del conflicto.
En paralelo, jueces nacionales han recurrido al control difuso —herramienta constitucional que permite inaplicar leyes contrarias a la Constitución o a tratados internacionales— para rechazar solicitudes de acusados que buscaban acogerse a la norma.
Opinión ciudadana sobre la ley y la Corte IDH
La encuesta del IEP confirma que la oposición a la ley de amnistía es mayor en la macrozona sur del país y en los sectores socioeconómicos medios, mientras que el respaldo se concentra en los niveles altos y entre quienes se identifican políticamente con la derecha.
El sondeo también revela que el 42% de peruanos está en contra de que el país se retire de la jurisdicción de la Corte IDH, mientras que un 38% lo respalda y un 20% no se pronuncia. La oposición a esta salida es más fuerte en Lima Metropolitana y entre jóvenes de 18 a 29 años.
Rechazo generalizado a autoridades
Más allá del debate sobre la amnistía, el estudio evidencia un profundo descontento ciudadano con las principales instituciones del Estado. Tanto la presidenta Dina Boluarte como el Congreso registran un 93% de desaprobación. Solo un 3% aprueba la gestión de la mandataria y un 4% la del Parlamento, mientras que el resto no precisa opinión.
La desaprobación a Boluarte es transversal en todas las regiones y niveles socioeconómicos, aunque se intensifica en las zonas rurales y en el sur del país. En el caso del Congreso, el rechazo se mantiene uniforme a lo largo del territorio, reflejando una crisis de legitimidad que afecta a todo el sistema político.
El sondeo también midió la percepción sobre el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien fue designado tras ser censurado como ministro del Interior. Su gestión registra un 72% de desaprobación, apenas un 5% de aprobación y un 23% que no sabe o no responde. Estas cifras muestran que el recambio ministerial no ha mejorado la percepción ciudadana respecto a la capacidad del Ejecutivo para enfrentar la crisis de justicia y seguridad.
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