La Contraloría General de la República detectó nuevas irregularidades en el uso de fondos públicos, esta vez vinculadas al programa Lurawi Perú, en la Municipalidad Distrital de Pólvora, provincia de Tocache, región San Martín. El hallazgo más grave es la contratación de un exfuncionario edil como proveedor, pese a que la Ley de Contrataciones del Estado le impedía participar en procesos dentro de su jurisdicción.
Según el Informe de Control Específico, los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2023, periodo en el que se adjudicaron dos órdenes de compra por un total de S/ 8.977 a favor de Rolando Salas Flores, exregidor de la misma municipalidad. El dinero estaba destinado a la compra de madera en el marco de actividades de intervención inmediata impulsadas por el programa Lurawi Perú, que busca generar empleo temporal para personas en situación de vulnerabilidad.
Exregidor fue contratado pese a estar legalmente impedido
El informe detalla que Rolando Salas Flores, el proveedor beneficiado con las órdenes de compra, había ejercido el cargo de regidor entre 2019 y 2022 en la propia Municipalidad de Pólvora, por lo que la ley le prohibía contratar con dicha entidad durante su gestión y hasta doce meses después de haberla concluido.
A pesar de ello, la contratación se concretó y fue validada por funcionarios municipales. La Contraloría identificó responsabilidad en la jefa de la Unidad de Logística, Kathleen Karen Trinidad Jaco, y el gerente municipal, Benjamín Herrera Sopla, quienes permitieron que se omitan los procedimientos internos establecidos por la propia entidad, además de ignorar los impedimentos previstos en la normativa.
También se comprobó que el proveedor no presentó la declaración jurada obligatoria que exige acreditar no tener impedimentos para contratar con el Estado, ni contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito indispensable para contrataciones por montos mayores a una UIT.
Otras omisiones y deficiencias en el proceso
Además del impedimento legal, la Contraloría advirtió que las órdenes de compra se adjudicaron con solo dos cotizaciones, cuando la directiva interna exigía mínimo tres para montos superiores a una UIT.
En uno de los casos, incluso se registró que el proveedor no cumplía con la vigencia necesaria en el RNP al momento de ser declarado ganador. Según la verificación hecha en el portal oficial, Rolando Salas Flores, recién obtuvo vigencia desde el 27 de junio de 2023, mientras que la adjudicación se realizó el 16 de mayo del mismo año.
Por tanto, no solo se omitió exigir la presentación del documento, sino que no validó su vigencia, incumpliendo las disposiciones establecidas en la directiva interna.
Estas acciones constituyen una vulneración a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia que deben regir las contrataciones públicas. La entidad de control concluyó que hubo un favorecimiento indebido, que no solo afectó el uso correcto de los fondos del Estado, sino también la confianza ciudadana en las instituciones.
Contraloría pide iniciar acciones legales
Frente a estos hechos, la Contraloría determinó responsabilidad penal y administrativa en los funcionarios implicados. Por ello, ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes. También pidió al titular de la municipalidad disponer el deslinde de responsabilidades administrativas.
El informe fue remitido a las autoridades competentes y ya se encuentra publicado en los registros oficiales del sistema de control del Estado.
Lurawi Perú: un programa con retrocesos
El programa Lurawi Perú, antes conocido como “Trabaja Perú”, fue creado para ofrecer empleos temporales en zonas vulnerables, mediante actividades como limpieza y mantenimiento de espacios públicos. En años anteriores, llegó a generar más de 50.000 empleos en los primeros meses del año. Sin embargo, durante el 2023 experimentó una caída preocupante, registrando apenas 649 puestos ofertados hasta marzo, lo que refleja un declive en su implementación.
Tras el escándalo, ese mismo año, el programa pasó a llamarse “Llamkasun Perú”, cambiando su nombre segunda vez.
Este tipo de irregularidades, además de comprometer recursos públicos, debilitan el objetivo social del programa, que busca brindar alivio económico a personas afectadas por la pobreza o la informalidad laboral.
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