Un nuevo ataque armado afectó a la empresa de transporte Santa Catalina la madrugada de este martes. El conductor Marco Antonio Huamán Cosco fue baleado mientras esperaba abastecer su unidad en un punto de San Juan de Lurigancho. Según testigos, sujetos en motocicletas llegaron al lugar, uno descendió, subió al bus y efectuó disparos que impactaron a Huamán en la pierna y en el abdomen. El chofer fue trasladado de inmediato al hospital de Canto Grande, donde recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro.
El incidente ocurrió en medio de una serie de agresiones que han afectado a la empresa durante 2025. En lo que va del año se contabilizan al menos cinco ataques, con choferes heridos y patrullas amenazadas. Las autoridades policiales investigan la participación de la organización criminal “Los Injertos de San Juan de Lurigancho”, responsable de las cartas de extorsión halladas en los recientes ataques.
Suspensión de operaciones y protesta
Tras el ataque, la empresa decidió suspender temporalmente las operaciones de sus rutas. Solo un número reducido de unidades continúa circulando, mientras el resto de conductores se niega a salir por temor a represalias. La medida se presenta tanto como muestra de solidaridad con los compañeros afectados como forma de protesta frente a la ola de extorsiones que ha golpeado a la compañía.
Los administradores de Santa Catalina informaron que la paralización afecta a la mayoría de su flota, compuesta por más de ciento veinte unidades. La situación ha generado complicaciones en la movilidad de cientos de usuarios que dependen del servicio, y ha puesto nuevamente el foco en la seguridad del transporte público en la capital.
Pago de cupos a bandas criminales
Según el medio Latina, fuentes cercanas a la empresa confirmaron que Santa Catalina realiza pagos diarios a al menos cuatro grupos delictivos para poder operar sin sufrir represalias inmediatas. Cada conductor aporta diez soles por jornada a cada banda, lo que representa un desembolso aproximado de cuarenta soles diarios por unidad. A pesar de estos pagos, los ataques continúan y han alcanzado incluso a personal administrativo y choferes.
Especialistas en seguridad señalan que la práctica de pagar cupos genera un círculo de violencia que se mantiene mientras las bandas continúan imponiendo su control en diferentes zonas de la ciudad. Este escenario ha provocado que los trabajadores del transporte público denuncien la falta de medidas de protección efectivas por parte de las autoridades.
Ataques previos y contexto criminal
Cinco días antes del último incidente, la base de operaciones de Santa Catalina en Villa El Salvador fue atacada por desconocidos que dispararon contra el portón del patio de maniobras. Los agresores dejaron una carta extorsiva similar a la encontrada en San Juan de Lurigancho. Estos hechos reflejan un patrón de intimidación dirigido a empresas de transporte que operan en Lima, donde las bandas buscan obtener pagos regulares bajo amenaza de violencia.
El ataque reciente se suma a una serie de agresiones documentadas a lo largo del año, todas con modus operandi semejante: vehículos interceptados por delincuentes armados, choferes atacados y mensajes de extorsión. La Policía Nacional mantiene investigaciones abiertas y ha reforzado la vigilancia en los puntos críticos de la capital, aunque la persistencia de los ataques evidencia la complejidad del problema.
Representantes de la empresa han señalado que, mientras se realizan las investigaciones, mantendrán suspendidas las rutas afectadas y coordinarán con la policía medidas adicionales de protección para sus trabajadores. El impacto de los ataques ha generado preocupación en conductores y usuarios, quienes han expresado su rechazo a la inseguridad que persiste en el transporte público.
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