La exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014), quien enfrentará un juicio oral por los presuntos aportes millonarios de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014, se pronunció públicamente este lunes, seis años después de conceder su última entrevista.
En diálogo con el periodista César Hildebrandt, Villarán admitió haber ocultado información y pidió disculpas a la ciudadanía. “En 2019, yo salí públicamente a señalar que conocía de los aportes que habían hecho empresas brasileñas y que había callado y pedí perdón. Y pedí perdón porque dañar la confianza es algo muy serio”, dijo.
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Reiteró ese mismo pedido, aunque negó su responsabilidad en varios de los hechos que se le imputan y adelantó que demostrarán su inocencia durante el juicio. “No soy responsable de muchos de los hechos que se me imputan, como lo probaremos en el juicio que se inicia mañana, pero callar podría tener razones políticas, pero nunca justificación ética”, sostuvo.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez solicitó 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y la campaña electoral por su reelección en 2014.
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La exalcaldesa se mostró crítica ante esta solicitud y afirmó que aún no se ha podido verificar esa información. Aseguró que las cifras divulgadas no aparecen en los documentos del proceso y manifestó su intención de aclarar este punto en el banquillo. “Yo tengo en este momento una cifra, pero lo voy a comprobar, lo vamos a comprobar en el juicio”, precisó.
“Los medios de comunicación se habían encargado de propalar cifras astronómicas dichas por colaboradores eficaces, trascendidos que hay. El juicio se va a demorar”, continuó.
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Villarán agregó que de estos aportes solo sabía José Miguel Castro, exgerente municipal y colaborador eficaz, quien fue hallado muerto en su domicilio en junio pasado. “Y habíamos quedado en que íbamos a hablar y nunca hubo una oportunidad para decir la verdad. (...) Estas empresas estaban hundidas en ellas mismas, estaban hundidas en la corrupción de funcionarios a nivel hemisférico internacional y que tenían una caja dos, que su dinero era sucio y todo eso”, dijo.
El Ministerio Público ha requerido la suspensión de la concesionaria administrada por Lima Expresa S.A.C., antes denominada Lamsac, respecto de los peajes ubicados en la Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé, Estadio, Ejército y Huánuco.
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De igual modo, planteó que la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Peajes S.A. (Emape S.A.), asuma la administración judicial con el fin de custodiar los bienes de la concesión correspondientes a las áreas del terreno sujetas al contrato.
Panorama
El juicio se iniciará a las 09:00 horas en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra Villarán, 20 personas naturales y 10 jurídicas por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios, entre otros.
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En julio pasado, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, impuso impedimento de salida del país por 36 meses contra Villarán, en el marco del proceso por presunta asociación ilícita y lavado de activos. En la misma audiencia, rechazó el pedido fiscal de prohibirle comunicarse con testigos y coacusados.
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