El 20 de septiembre de 2025, la violencia policial contra la prensa marcó un nuevo episodio alarmante en el Perú. Durante la llamada Marcha de la Generación Z, realizada en el Centro de Lima, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) dispararon perdigones contra tres periodistas identificados con credenciales de prensa, mientras cubrían en vivo la protesta juvenil antigubernamental.
Entre los heridos se encuentran Jahaira Pacheco y el camarógrafo Percy Grados, de Exitosa Noticias, quienes transmitían el arresto de un manifestante cuando recibieron disparos de perdigones en las piernas.
“No era necesario usar este tipo de perdigones porque solo estábamos reportando. Nos han impactado tres veces y a mi camarógrafo una, incluso nuestras prendas quedaron perforadas”, relató Pacheco.
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En circunstancias similares, Diego Quispe, reportero de Ojo Público, fue alcanzado por tres perdigones —dos en la espalda— pese a identificarse reiteradamente como periodista. “Comenzaron a disparar bombas lacrimógenas, corrí y luego vinieron los disparos. Aunque mostré mi credencial, me obligaron a salir de la zona”, declaró.
El fotógrafo Gabriel García Barandiarán, del mismo medio, fue golpeado con varas en las rodillas por los agentes.
La versión policial en entredicho
Pese a las evidencias gráficas y testimoniales de agresiones a los mencionados periodistas, otros fotoperiodistas y los propios manifestantes, la PNP no reconoció los ataques ocurridos durante la marcha.
A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), acompañado de fotos de efectivos con armas en mano, la institución aseguró que “su compromiso es garantizar que toda movilización se realice en un ambiente seguro, protegiendo tanto a quienes ejercen su derecho a protestar como a quienes desean transitar, trabajar y vivir en tranquilidad”.
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Sin embargo, los heridos con perdigones y bombas lacrimógenas contradicen directamente la versión oficial, que evitó asumir responsabilidad sobre la represión.
IPYS y medios condenan la represión
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó los hechos y denunció el uso de la fuerza contra periodistas que cumplían con su labor de registrar un hecho de interés público. “Exigimos sanción inmediata a los responsables de disparar contra reporteros y de obstruir el trabajo periodístico”, señaló en un comunicado.
Ojo Público confirmó las agresiones contra sus reporteros e hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilantes frente a la escalada de ataques.
Además de los comunicadores, al menos cinco personas resultaron heridas por perdigones, contusiones y golpes con varas policiales, según informó la Brigada de Salud presente en las manifestaciones. Incluso denunciaron impactos directos de cartuchos de bombas lacrimógenas disparados al cuerpo, pese a que esta práctica está prohibida.
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Un país cada vez más hostil para la prensa
La agresión contra periodistas se da en un contexto de creciente hostilidad hacia la prensa en Perú. Según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), entre enero y julio de 2025 se registraron 180 ataques contra periodistas y dos asesinatos, cifras que duplican años anteriores.
En paralelo, más de 290 periodistas, juristas y defensores de derechos humanos de 25 países firmaron un pronunciamiento condenando las agresiones, amenazas y campañas de desprestigio contra la prensa peruana.
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtió que 2025 es el peor año para el periodismo desde los años 90. “No solo por los asesinatos, sino por el hostigamiento sistemático y la impunidad frente a estos ataques”, señaló su director ejecutivo, Rodrigo Salazar.
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Tanto el IPYS como la ANP y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigen que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional asuman responsabilidad por los hechos, sancionen a los efectivos involucrados y garanticen la seguridad de los periodistas en futuras coberturas.
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