Perú se convirtió en un país cada vez más peligroso para ejercer el periodismo. Así lo advierten más de 290 firmantes —entre ellos líderes de consorcios de investigación, juristas, defensores de derechos humanos y académicos de 25 países— que condenaron en un pronunciamiento las agresiones y amenazas contra decenas de periodistas peruanos.
El comunicado alerta que, además de campañas de desprestigio y hostigamiento judicial, en los últimos meses se han intensificado las amenazas de muerte y ataques directos contra comunicadores, sin que las autoridades brinden una respuesta efectiva.
180 agresiones y dos asesinatos en lo que va del 2025
Según cifras de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), entre enero y julio de 2025 se registraron 180 casos de agresiones y dos asesinatos de periodistas en Perú, cifras que duplican las registradas en años anteriores. La ANP documentó que los principales agresores fueron funcionarios públicos.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, protagonizó 14 incidentes de hostigamiento entre enero y abril. A ello se suman discursos estigmatizantes, trabas a la cobertura informativa e intimidaciones judiciales, configurando un escenario cada vez más hostil.
Caso Gorriti: amenazas desde el poder
El punto de mayor alarma se produjo el 9 de septiembre, cuando López Aliaga declaró públicamente que había que “cargarse de una vez” al periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, a quien calificó como “enemigo del Perú”.
Las declaraciones fueron consideradas como una incitación a la violencia contra el periodista de investigación, quien desde 2019 cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a amenazas constantes.
En respuesta, Gorriti anunció que denunciará penalmente al alcalde de Lima por incitación al asesinato, advirtiendo que este tipo de discursos no pueden minimizarse viniendo de una autoridad con poder político y visibilidad pública.
Hostigamiento desde el Ejecutivo
El pronunciamiento también advierte sobre el papel del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, acusado de impulsar investigaciones hostiles contra periodistas que indagan sobre su entorno, la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte.
En agosto, la periodista Karla Ramírez, de Panamericana TV, denunció un plan de seguimiento en su contra tras revelar una red de corrupción vinculada a Santiváñez y exfuncionarios policiales. Días después, un procurador del Ministerio de Justicia solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de periodistas de Latina y exreporteros de IDL, lo que fue admitido por la Fiscalía.
El documento también recuerda los ataques sistemáticos de López Aliaga contra periodistas como Rosa María Palacios, Clara Elvira Ospina y Marco Sifuentes, a quienes insultó con expresiones misóginas y xenófobas. Además, señala que medios como Willax, el diario Expreso y agrupaciones violentas como La Resistencia han servido de plataformas para campañas de estigmatización y desinformación.
Un llamado a la justicia
El pronunciamiento internacional exige al sistema de justicia peruano garantizar la libertad de prensa, el secreto profesional y la seguridad de los periodistas, advirtiendo que los ataques reiterados desde los más altos cargos buscan erosionar la confianza en el periodismo y debilitar la democracia.
“Los actuales gobernantes priorizan la impunidad. Por ello reclamamos a los operadores del sistema de justicia defender urgente y firmemente los derechos fundamentales, incluidos la libertad de prensa y la vida de quienes ejercen el periodismo”, señala el comunicado.
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