Rafael López Aliaga no logró concretar un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano. El caso inició con un anuncio de una persona ajena a la Municipalidad de Lima y culminó con una denuncia por parte del alcalde de Lima sobre un supuesto complot en su contra.
De acuerdo con Religión Digital, la controversia inició con la solicitud de la Prefectura de la Casa Pontificia, gestionada a través de la Embajada del Perú ante la Santa Sede, que derivó en una rápida respuesta de la Curia romana.
La gestión no siguió el canal habitual a través de la Nunciatura Apostólica y tampoco consideró el contexto electoral peruano, ni los recientes antecedentes del alcalde limeño vinculados a casos de corrupción y su participación en eventos internacionales de ultraderecha. Además, el visto bueno se concedió en un principio para un encuentro público, no privado, al término de la audiencia general papal.
Al conocerse esta decisión la repercusión no se limitó al plano diplomático. Diversas asociaciones de víctimas y periodistas activaron denuncias formales alertando del riesgo de una audiencia, que para muchos significaría un gesto de legitimación a intereses cuestionados y a una trayectoria cargada de polémicas.
“Hemos tomado conocimiento por medios locales que el Santo Padre León XIV se reunirá el día 17 de septiembre con el alcalde de Lima. Creemos por ello necesario transmitirle [...] nuestra preocupación respecto de los intereses que representa el actual alcalde”, dice una carta enviada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) al nuncio apostólico en Perú.
Asociaciones y periodistas denuncian intento de manipulación
La situación de López Aliaga como principal responsable de los bienes del Sodalicio de Vida Cristiana a través de su empresa Acres Sociedad Titulizadora S.A., y su rol en la administración de cementerios y otras empresas bajo sospecha de corrupción, fue central en las comunicaciones que llegaron hasta Roma.
Además, el reciente acto de reconocimiento al cardenal Juan Luis Cipriani en Lima, pese a las acusaciones de pederastia y a disposiciones penales en su contra, incrementó el malestar de numerosos colectivos.
La Red de Sobrevivientes Perú, liderada por José Enrique Escardó, envió una segunda misiva dirigida directamente a León XIV, subrayando la relación de López Aliaga con figuras cuestionadas del disuelto Sodalicio, como el sacerdote Jaime Baertl, y advirtió: “Si usted recibe a este señor, estará debilitando su postura en dicha carta y su lucha de tantos años por las víctimas del Sodalicio, quienes nos sentiríamos revictimizadas”. En la misma carta se recordó el impulso dado por la jerarquía peruana y el propio Papa para proteger a las víctimas y respaldar el trabajo periodístico de investigación sobre los hechos.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) del Perú, que agrupa a más de 12 mil afiliados, se sumó a los reclamos al advertir en una carta al secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, que lo fundamental es no debilitar el mensaje papal sobre la libertad de prensa.
En el texto se señala: “Nuestro temor principal radica en que dicha cita sea utilizada para debilitar el mensaje que Su Santidad ya dirigió al pueblo del Perú sobre la importancia del periodismo libre y ético”. Además, la ANP recordó como motivo adicional los recientes discursos de López Aliaga contra periodistas, incluida la declaración pública sobre Gustavo Gorriti, considerada una incitación al odio.
León XIV actúa tras presión pública y mediática
Las gestiones se intensificaron en los días previos al 17 de septiembre. Fuentes cercanas al entorno papal de Religión Digital indicaron que la alarma llegó rápidamente hasta el despacho del sumo pontífice, en parte gracias al eco internacional alcanzado por la cobertura noticiosa y las cartas suscritas por varios colectivos peruanos.
El 16 de septiembre, León XIV tomó una decisión concreta: enviar desde Castelgandolfo una comunicación oficial a la Embajada del Perú ante la Santa Sede, revocando el acceso especial solicitado por López Aliaga y cancelando el denominado ‘besamanos’, limitando la interacción a un saludo ordinario y público, al final de la audiencia general.
La reacción de la oficina de prensa de la Municipalidad de Lima y de portales afines dio paso a la difusión de versiones alternativas, algunas de las cuales señalaban a la presidenta Dina Boluarte y a periodistas como Paola Ugaz o Gustavo Gorriti como responsables de bloquear el acceso directo del alcalde al Papa.
López Aliaga habría sostenido que era víctima de una campaña orquestada, aunque el motivo de fondo, según fuentes cercanas al Vaticano, fue el rechazo frontal del Papa a cualquier intento de uso político de su imagen.
La controversia también permitió reactivar viejos reclamos vinculados a los bienes y las indemnizaciones pendientes en los casos del Sodalicio, así como el rol indiscutido que juega la Iglesia católica en el debate público y moral en Perú. Varios testimonios enviaron mensajes al Papa para recordar el precedente de 2018, cuando el apoyo del episcopado peruano, junto al propio León XIV, interrumpió la persecución judicial al periodista Pedro Salinas por parte del entorno del Sodalicio.
La crisis no solo tocó las fronteras de la política local peruana, sino que evidenció ante el Vaticano la tensión que genera la mezcla de fe, poder y procesos judiciales inconclusos en América Latina.
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