Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

La expremier Betssy Chávez no podrá abandonar Perú por los próximos 10 meses. Así lo ordenó el juez supremo de la investigación preparatoria Edhin Campos Barranzuela al declarar fundado en parte el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país.

El juez considera que existe sospecha suficiente de que la expremier habría participado en el golpe de Estado, antes, durante y después del mensaje a la Nación donde Pedro Castillo dispuso ilegalmente el cierre del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de excepción.

El magistrado Campos Barranzuela también considera que hay un peligro de fuga. Esto en base a que la exjefa del gabinete habría intentado huir a la Embajada de México en Perú luego de que fracasó el golpe de Estado. Si bien se advierte que la declaración del chofer habría sido contradictoria, el juez sostiene que el reporte del geolocalización refuerza la idea de que la expremier intentó buscar asilo político.

Por otro lado, el juez reconoce que, si bien actualmente pesa una medida de comparecencia con restricciones contra Betssy Chávez, ninguna de las reglas de conducta impediría que “si optara por salir del país, pudiera hacerlo sin que alguna autoridad migratoria pudiera impedirlo".

“Se trata de una medida idónea para evitar que la acusada Chávez Chino, quien se encuentra sujeta al juzgamiento por el delito de rebelión a la posible imposición de 25 años de pena privativa de libertad, pueda salir del país, asegurando su permanencia en el mismo, en tanto se concluya el juzgamiento que se viene llevando a cabo en su contra”, se lee en la resolución.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 12 meses de impedimento de salida del país; sin embargo, el juez Edhin Campos opta por dictar solo 10 meses. Considera que ese es un plazo “razonable” tomando en cuenta que el juicio oral está en marcha.

En su fallo, el juez supremo provisional dispone oficiar a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que tome conocimiento de que se ha dictado impedimento de salida del país por 10 meses contra Betssy Chávez. La medida, en caso de que sea confirmada en segunda instancia o no sea apelada, vencerá el 11 de julio de 2026.

Como se recuerda, el requerimiento de impedimento se presentó luego de que la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos desistió de pedir la prolongación de la prisión preventiva contra Chávez Chino. Esto a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva por haber sido dictado fuera de plazo.

Giro en el juicio por rebelión

La posibilidad de que Pedro Castillo reciba una condena por conspiración para la rebelión y no por rebelión ha surgido como un nuevo escenario en el proceso judicial que enfrenta el exmandatario peruano. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció que podría apartarse de la acusación original de la Fiscalía, abriendo la puerta a una calificación distinta de los hechos imputados tanto a Castillo como a los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.

Esta decisión, fundamentada en el artículo 374 del Código Procesal Penal, permite a los jueces desvincularse de la calificación fiscal y considerar otras figuras penales, lo que se conoce como desvinculación procesal.

Los jueces supremos Norma Carbajal Chávez y José Neyra Flores explicaron que esta medida no reemplaza la acusación de rebelión propuesta por el Ministerio Público, sino que habilita la incorporación de una nueva calificación, en este caso, la de conspiración para la rebelión. Carbajal Chávez afirmó que esta decisión “no sustituye a la propuesta por el Ministerio Público, rebelión, sino que posibilita se incorpore una nueva”, refiriéndose a la conspiración para la rebelión.

La magistrada añadió que este enfoque otorga al tribunal un margen más amplio para el debate jurídico, permitiendo que la decisión final se incline por uno u otro tipo penal, o incluso por ninguno, dependiendo de si la actividad probatoria logra acreditar las teorías presentadas por las partes, especialmente la del Ministerio Público, bajo los estándares probatorios exigidos.