El debate sobre los fondos de pensiones en el Perú vuelve a encenderse tras la entrada en vigencia de la reforma previsional en septiembre de 2024. Aunque se difundió la idea de que el reglamento prohíbe futuros desembolsos de las AFP, expertos aclaran que esto es inexacto. Según Noelia Bernal, investigadora de la Universidad del Pacífico, en conversación con Infobae Perú: “En este reglamento no se pone freno a eso. (…) Una ley se cambia con otra ley”, lo que abre la posibilidad de que un eventual octavo retiro sea aprobado si el Congreso lo respalda.
El nuevo reglamento tampoco blinda al sistema de pensiones contra estas iniciativas, sino que establece un desincentivo: quienes retiren sus fondos no podrán acceder a la pensión mínima de S/ 600, salvo en casos de créditos hipotecarios o enfermedades graves. Esta disposición refleja que el tema continúa abierto y que la tensión entre la intangibilidad del ahorro y el derecho de los afiliados a disponer de su dinero sigue marcando la agenda pública.
La postura de Maricarmen Alva
En medio de este contexto, la ex presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, se pronunció con firmeza en contra de nuevos retiros. “No se puede retirar, no se puede hacer ningún retiro de fondo AFP”, afirmó en una entrevista con el periodista Fernando Llanos. Ante la insistencia de que una nueva ley podría habilitar otro desembolso, respondió de manera tajante: “¿Y quién quiere retirar? Yo no”.
Alva defendió su posición señalando que los siete retiros anteriores han debilitado al sistema previsional. “Ya ha habido siete retiros que han desfinanciado el fondo y que afectan a los que sí quieren tener una pensión de jubilación. Hay que cambiar el chip y educar a la gente”, remarcó. A su juicio, permitir más medidas de este tipo solo conducirá a que, en el futuro, miles de personas queden sin pensión y dependan exclusivamente de programas asistenciales como Pensión 65.
La crítica al sistema privado de pensiones
El periodista Fernando Llanos cuestionó la efectividad del modelo de AFP al señalar que un trabajador con sueldo mínimo que aporte 25 años recibe apenas S/ 180 o S/ 200 de pensión. En contraste, recordó que en la ONP, con 20 años de aportes, la ley asegura una pensión mínima de S/ 600, financiada por el Estado.
Frente a ello, Alva replicó que la reforma previsional de 2024 ya contempla un esquema de pensión mínima en el sistema privado, con subsidio estatal incluido. “Nadie va a recibir menos de S/ 600”, aseguró. Sin embargo, Llanos insistió en que esa garantía depende de la ONP y no de las AFP, lo que implicaría necesariamente un traslado de sistema para acceder al beneficio.
Argumentos en contra de nuevos retiros
Alva recordó que los primeros desembolsos fueron aprobados en un contexto excepcional: la pandemia de la covid-19. “En sí, retirar de un fondo de pensiones es inconstitucional, no se debería haber retirado nunca. Se permitió porque la circunstancia lo ameritaba”, explicó. Sin embargo, subrayó que “ya no estamos en esa coyuntura” y que prolongar esta práctica pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema.
La excongresista también apeló a su experiencia en el tema. “Yo soy especialista en Seguridad Social. He hecho un máster en Seguridad Social. He trabajado en la ONP y también en las AFP”, sostuvo, para remarcar que su rechazo a nuevos retiros responde a un análisis técnico y no solo político.
El rol del Estado y la sostenibilidad del sistema
Otro punto de fricción en el diálogo fue el financiamiento de las pensiones mínimas. Llanos señaló que, en la práctica, estas dependen de recursos públicos. “No es que la AFP te va a cubrir los S/ 600, lo paga el Estado”, dijo, al advertir que la alta informalidad laboral —que ronda el 80%— impide que muchos trabajadores completen los años de aporte necesarios.
Alva reconoció que existe un subsidio estatal, pero defendió la necesidad de mantener el sistema mixto para garantizar pensiones en el futuro. “Lo importante es que el día de mañana va a haber gente que va a tener pensión”, afirmó, mientras Llanos replicaba que, al final, “la va a pagar el Estado”. El intercambio mostró la tensión entre la sostenibilidad financiera y la percepción de justicia para los aportantes.
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